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En la víspera del primer encuentro entre la APPO y el gobierno de Felipe Calderón, la Agencia Federal de Investigaciones detuvo a uno de los dirigentes asambleístas más visibles. Flavio Sosa fue capturado la noche del lunes en la Ciudad de México, junto con su hermano Horacio y otros dos líderes del movimiento, luego de dar una conferencia de prensa en la que anunció la reanudación del diálogo en la Secretaría de Gobernación, adonde estaban citados para el día de ayer.
A pesar de lo que ha sido calificado como una señal de endurecimiento del gobierno de derecha, representantes de la APPO acudieron al encuentro en Gobernación acompañados por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz, para exigir la liberación de todos sus compañeros, a los que consideran “rehenes políticos”. Según la APPO, los arrestos de anoche solamente apuntalan al gobernador priista de Samuel Ruiz. En la última semana de la administración de Vicente Fox se iniciaron más de 740 averiguaciones previas contra militantes de la APPO.
Esta primera señal del gobierno de Felipe Calderón ha sido tomada como un mal augurio, pues representa no sólo la continuidad en la política sistemática de violación de derechos humanos que practicó la administración de Fox, sino incluso un endurecimiento bajo el manido pretexto de conservar el orden y aplicar la ley.
En los seis años del gobierno foxista, el número de presos políticos en el país se disparó a casi medio millar, de acuerdo con cifras divulgadas esta semana por organizaciones no gubernamentales. Solamente el 25 de noviembre, tras los más violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías federales, 204 personas fueron detenidas en la ciudad de Oaxaca, de las cuales 141 fueron trasladadas a un penal a casi mil quinientos kilómetros de distancia. Desde el inicio del conflicto, el 22 de mayo pasado, unas 300 personas han sido detenidas y siguen desaparecidas otras 20, sostiene la APPO. Según el gobierno oaxaqueño, quienes fueron detenidos antes de ese choque ya fueron liberados. Los arrestos de ayer son los primeros que se le pueden achacar directamente al gobierno conservador de Calderón, aunque muchos analistas coinciden en que él fue parte activa en la toma de decisiones desde al menos dos semanas antes de asumir como presidente.
Ante este escenario, el pintor Francisco Toledo demandó una ley de amnistía para los dirigentes de la APPO detenidos ayer, y anunció la creación de un comité que reunirá fondos –mediante subastas de arte– para pagar la defensa de la mayor cantidad posible de personas que “están presas injustamente”. Este comité estará integrado por varias ONG de derechos humanos, abogados, intelectuales y artistas como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor y Gabriel Macotela. Toledo consideró indispensable una amnistía “para empezar a hablar realmente de concordia”.
Por lo pronto, la APPO analiza su respuesta a esta primera ofensiva gubernamental, que recuerda la movilización de tropas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ordenada en 1994 por el entonces presidente Ernesto Zedillo, precisamente en medio de una ronda de negociaciones. Un vocero asambleísta no descartó que vuelvan a tomar las calles y colocar barricadas, desalojadas por la Policía Federal Preventiva durante las últimas dos semanas. Lo que sí es un hecho es que las detenciones de ayer reactivarán las movilizaciones, y ya se anuncia una jornada estatal, nacional e internacional el próximo 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) para denunciar las acciones los gobiernos federal y local contra la APPO.
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