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“Roto, liquidado, acabado.” No le alcanzaron los adjetivos ayer al ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, para dejarle claro a la oposición que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha dado por muerto el proceso de paz que mantenía con el grupo separatista ETA, luego del violento atentado en el aeropuerto de Madrid.
Mientras tanto los equipos de rescate no han logrado aún dar con los cuerpos de los dos ciudadanos ecuatorianos a los que la explosión sorprendió en sus vehículos. La policía daba ayer por muy remotas las posibilidades de encontrar a estas personas con vida, teniendo en cuenta que en el momento de la explosión la temperatura llegó a los 1000 grados centígrados. La labor de bomberos y policías, además, se vio ralentizada en todo momento por la necesidad de los peritos antiterroristas de no destruir pruebas a medida que se remueven las 40 mil toneladas de escombros que dejó la bomba.
Pero ayer fue un día de polémicas políticas. El gobierno socialista no ha querido dejar la impresión de que todavía guarda esperanzas con respecto al proceso de paz, porque pretende que se reconstituya rápidamente con la oposición el consenso en materia de lucha contra el terrorismo. El PSOE le ha reprochado siempre al Partido Popular su falta de apoyo político en esta materia desde que se abrió la tregua con ETA en marzo y ahora le pide que no siga extremando las divisiones de la sociedad española ante la gravedad de la situación.
En ese sentido, Pérez Rubalcaba ayer fue muy explícito: “El PP sigue preguntando si el proceso va o viene. Quieren que diga que el proceso está roto, pues evidentemente está roto; quiere el PP que diga que el proceso está liquidado, evidentemente está liquidado; quiere que diga que está acabado, evidentemente está acabado, porque ETA ha sido quien ha roto, ha liquidado y acabado el proceso de paz”.
Unas horas antes Mariano Rajoy, el líder del PP, le había pedido al gobierno que disipara cualquier duda con respecto a la lectura que era conveniente hacer del primer atentado mortal de ETA en tres años.
El PP se ha sumado ayer a las manifestaciones silenciosas que convocó la conservadora Asociación de Víctimas del Terrorismo en la puerta de todos los ayuntamientos del país. De este modo, la derecha intenta movilizar a la opinión pública para hacerle pagar un precio político al gobierno por lo que ha ocurrido. La manifestación que se llevó a cabo en Madrid terminó empañada por los gritos contra Zapatero y contra Televisión Española, a la que acusan de manipular la información, que profirieron unos doscientos manifestantes. Algunos de ellos llevaban pancartas que hacían alusión a los atentados del 11 de marzo de 2004 cometidos por el terrorismo islámico. Una teoría conspirativa alimentada durante los dos últimos años por los medios de comunicaciones afines a la derecha ha intentado demostrar sin éxito que ETA estuvo también vinculada con esos ataques.
En medio de este clima de crispación poco habitual en España, fue a caer el pronunciamiento del líder del Partido Nacionalista Vasco, Juan José Ibarretxe, actual Lehendakari (gobernador) del País Vasco, cuando afirmó que el diálogo con ETA debía continuar a pesar del atentado. Los socialistas vascos fueron los primeros en responderle, cerrando toda posibilidad de proseguir el proceso de paz luego de lo que había sucedido. Este episodio deja una cierta inquietud en Madrid, donde se teme que el nacionalismo moderado vasco sufra un nuevo giro hacia posiciones soberanistas, algo que ya ha sucedido en más de una ocasión, siempre para beneplácito de la propia ETA.
El gobierno anunció ayer la comparecencia de Pérez Rubalcaba en el Congreso para la próxima semana, mientras en Moncloa se trabaja a toda máquina para elaborar una estrategia capaz de encolumnar la totalidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento detrás de una política antiterrorista común. La primera consecuencia visible de ello será la prohibición absoluta a Herri Batasuna, brazo político de ETA, de que se presente a las próximas elecciones municipales y regionales de mayo, tal y como los independentistas pretendían. De esa manera, el gobierno cree que podrá trasladar el costo político del atentado donde corresponde, es decir, a la propia base de sustentación de la banda vasca, haciendo que mengüe aún más el ya flaco caudal electoral que todavía conserva.
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