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La policía de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, recibió la orden de entregar sus armas, a lo que sus efectivos respondieron con una huelga. Las armas fueron confiscadas para ser inspeccionadas por oficiales federales, quienes investigan acusaciones de que algunos policías locales han estado involucrados en el tráfico de drogas. La medida forma parte de una operación conjunta de la policía federal y el ejército de México contra el narcotráfico. Tijuana, situada frente a la ciudad californiana de San Diego, es un importante punto de entrada de drogas a Estados Unidos. Sólo el año pasado, más de 300 personas murieron en la ciudad en medio de la violencia entre pandillas de narcos. Jorge Hank Rhon, alcalde de Tijuana, responsabilizó al ex presidente Vicente Fox por la situación.
Después de la confiscación de las armas, Tijuana se quedó sin patrullaje policial. Los dos mil efectivos locales se negaron a realizar sus tareas porque consideraron demasiado peligroso brindar sus servicios desarmados. “Estamos indefensos contra el crimen organizado. Sin nuestras armas, no podemos hacer nada”, dijo un policía que pidió mantener el anonimato al diario estadounidense Los Angeles Times. El secretario de seguridad pública de Tijuana, Luis Javier Algorri, ratificó esa postura afirmando que sin armas resulta demasiado peligroso salir a las calles de la ciudad, donde trece agentes locales fueron muertos a tiros en el 2006. “La situación es muy lamentable porque no permite que se preste el servicio a la comunidad y deja a los agentes en un estado de indefensión”, dijo Algorri en una conferencia de prensa.
A principios de esta semana, el gobierno federal había anunciado que enviaría más de 3000 soldados y policías a Tijuana para ayudar a combatir el tráfico de estupefacientes y frenar la actividad pandillera. La Operación Tijuana es la segunda ofensiva militar de gran envergadura contra el narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón, quien asumió el cargo el 1º de diciembre y prometió enfrentar a la delincuencia organizada. El mes pasado, Calderón envió a 7000 efectivos a su estado natal de Michoacán, donde habían ocurrido numerosas ejecuciones en medio de una lucha entre las bandas rivales por el control de las plantaciones de marihuana y las rutas de narcotráfico.
Políticos de la oposición y residentes de Tijuana manifestaron sus dudas sobre el impacto de la campaña del presidente mexicano. Su antecesor, Vicente Fox, también destinó miles de agentes de seguridad para combatir el narcotráfico, arrestando a numerosos presuntos líderes de los carteles de la droga durante su gobierno de seis años. Pero esas medidas parecieron generar más violencia, ya que otros narcotraficantes se esforzaron por controlar las rutas de contrabando de los detenidos.
“El principal responsable de la situación del narcotráfico es el ex presidente Vicente Fox, por permitir que esa actividad se ampliara por todo México”, señaló al respecto Jorge Hank Rhon, alcalde de Tijuana, quien también asumió su “responsabilidad política” en el estado actual de las cosas. El alcalde afirmó que las policías municipal, estatal y federal están efectivamente infiltradas por el narcotráfico, y dijo que esto se debe, entre otras cosas, a los bajos salarios de los elementos de seguridad y a que no hay comparación entre los sueldos de un municipio o un estado contra lo que ofrece el narco.
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