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Esta vez no hubo madrugón ni sorpresa general, como en el tema de los hidrocarburos. Esta vez, en el inicio del proceso de la nacionalización de la minería, el presidente boliviano decidió anunciarlo y darle como regalo de aniversario a su provincia natal, Oruro, la recuperación de la propiedad de la Fundición de Vinto, la siderúrgica por la que pasa toda la producción de estaño de Bolivia y que procesa 35.000 toneladas métricas de lingotes del “metal de diablo”. Al igual que con el proceso de nacionalización del gas, el mandatario boliviano ordenó al ejército que tome el control de la empresa para luego oficializar la nacionalización.
A las 11.04 de ayer, en medio de una gran concentración, Morales firmó el decreto supremo que quitaba la propiedad de Vinto a la empresa Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore International, a la que le advirtió que no la indemnizará. Y es que, en razonamiento de Morales, Bolivia fue estafada cuando se privatizó la fundición. Fue en 1996, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En ese momento, la infraestructura estaba valuada en 140 millones de dólares, pero la inglesa Allied Deals PLC se la adjudicó por sólo 14 millones de dólares.
A Sánchez de Lozada, que ya había entregado las principales empresas de Bolivia a inversionistas extranjeros, no le importó que la compañía inglesa estuviera en quiebra. Todo quedó claro cuatro años más tarde, cuando la Compañía Minera del Sur (Comsur), la empresa de Sánchez de Lozada, se quedó con la fundición. Por todo este manejo, Morales aseguró que Vinto fue vendida a “precios de gallina muerta” y en forma fraudulenta. “Estamos hoy acá cumpliendo un mandato con el pueblo boliviano, que es recuperar los recursos naturales de esta noble tierra, sus empresas privatizadas, subastadas, entregadas a las transnacionales”, dijo el mandatario.
Sin embargo, con la nacionalización sin indemnización del Complejo Metalúrgico de Vinto, Morales se abre un conflicto con Suiza. En 2005, Sánchez de Lozada, ya prófugo de la Justicia boliviana y radicado en Estados Unidos, vendió el 60 por ciento de Comsur a la suiza Glencore, que le pagó 200 millones de dólares por el paquete. “El carnicero de El Alto”, según la agencia EFE, consiguió otros 90 millones por el traspaso de Vinto. Para administrar ambas adquisiciones (la fundición, minas de oro, estaño y plomo), Glencore creó la empresa Sinchi Wayra.
Dos horas después de firmado el decreto, los funcionarios suizos ya estaban defendiendo los intereses de su empresa. El encargado de la Cooperación Suiza, Thomas Henstchel, le recordó a Morales la vigencia de un convenio recíproco de protección de inversiones que garantiza los negocios de los helvéticos en Bolivia. Con la diplomacia que los caracteriza, Henstchel no quiso hacer olas y prefirió esperar a conocer los detalles de la nacionalización para emitir algún criterio.
Según el decreto promulgado ayer por Morales, Bolivia se hará cargo del complejo y realizará estudios técnicos y financieros para determinar responsabilidades de ley. Allí se estudiará si cabe una indemnización, pero también se buscará a los culpables de la venta fraudulenta. Ahora, Morales apunta a todos los bienes del ex presidente. Duda que Sánchez de Lozada haya vendido sus empresas (valuadas en su momento en más de 500 millones de dólares) y advierte a los “palos blancos” (testaferros), que no se presten a los fraudes de “Goni”, porque igual se recuperarán esas empresas que fueron del Estado.
Esta es la primera medida de la nacionalización de la minería impulsada por el Ejecutivo boliviano. Durante 2007 se hará una modificación profunda a la ley sectorial para que el Estado participe de los negocios millonarios del ramo. En 2006, la minería exportó más de 1000 millones de dólares en materias primas, de los cuales menos del 3 por ciento fueron a parar a las arcas del Estado. Pero no será un cambio fácil. Durante la semana, más de 20.000 mineros cooperativistas cercaron La Paz y lograron torcerle el brazo al gobierno, que definió que seguirán sin tributar. Ahora la pelea será contra las grandes transnacionales, que gracias a una ley del ex presidente minero, Sánchez de Lozada, se llevan las riquezas bolivianas y dejan las migajas.
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