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El 11 de marzo de 2004 la tragedia se apoderó de Madrid. Con un intervalo de sólo tres minutos diez explosiones en cuatro trenes que unen la periferia madrileña con el centro de la ciudad sembraron la muerte y el desconcierto. Debieron pasar un par de días antes de que se conociera la cifra definitiva de víctimas: 191 muertos, más de 1800 heridos. Casi tres años después, el pasado jueves, comenzó la vista oral del juicio más importante que se haya celebrado en España durante el último siglo: 29 acusados se sientan en el banquillo. Terroristas árabes procedentes de Marruecos, Argelia, Líbano y Siria son los principales imputados, a los que se unen los integrantes de la llamada “trama asturiana”, todos ellos ciudadanos españoles, muchos de los cuales son ex trabajadores de una mina ubicada en el norte del país de donde salieron los explosivos utilizados en los atentados. Es difícil que el juicio ayude a develar los misterios que dos años y medio de investigación han dejado sin explicar, ni que apague la tensa polémica política que ha rodeado desde un principio el virulento ataque. Aun así, durante los próximos cinco meses, mientras dure el proceso, los españoles revivirán los detalles del mayor atentado de la historia nacional.
Todo comenzó con la famosa “foto de las islas Azores”, el 15 de marzo de 2003, en la que aparecen sonrientes George Bush, Tony Blair y el por ese entonces primer ministro conservador español José María Aznar. Estados Unidos estaba dispuesto a hacer lo que fuera por invadir Irak y contaba para ello con tres aliados europeos –el italiano Silvio Berlusconi no estuvo presente en el encuentro aunque secundaba la estrategia norteamericana, rompiendo la unidad de la Unión Europea, que se oponía a la invasión–. Aznar llevaría a su país a la guerra contra la opinión de la mayoría de la población, sin sospechar las terribles consecuencias que tendría esa decisión. A partir de ese momento España se volvería un objetivo a golpear para la difusa red de organizaciones terroristas que se agrupan bajo el paraguas de Al Qaida.
A pesar de que sus servicios secretos le habían advertido de un posible ataque islamista, José María Aznar no quiso creerlo la mañana del 11-M. No habían pasado dos horas del atentado cuando el premier salió a acusar a ETA de la masacre y a lo largo del día llamó personalmente a varios directores de medios de comunicación para intentar convencerles de ello, aun después de que un comunicado de la banda vasca ese mismo día advirtiera que ellos no habían tenido nada que ver. Lo que ocurría era que faltaban tres días para las elecciones generales y aunque el delfín de Aznar, Mariano Rajoy, marchaba primero en todas las encuestas, al primer ministro le preocupaba el efecto que podría tener sobre el electorado un atentado islámico atribuible a su participación en la guerra de Irak.
A las tres y media de la tarde de ese mismo día la policía encontró dentro de una furgoneta abandonada, señalada por los vecinos, detonadores y cintas con caracteres árabes. Pero el gobierno se mantuvo en sus trece. Por la noche, el ministro del Interior, Angel Acebes, habló del hallazgo pero mantuvo la hipótesis ETA. A las 21.30, desde Londres, el grupo islámico Abu Hafs Al Masri reivindicó el atentado.
A la mañana siguiente Aznar insistió. “Fue ETA”. Y los servicios de inteligencia pusieron en duda el comunicado londinense. Era viernes, faltaban menos de 48 horas para que comenzaran las elecciones. La campaña se había suspendido. Por la noche entre 11 y 12 millones de personas se lanzaron a las calles de las principales ciudades del país en la mayor manifestación espontánea contra el terrorismo de la historia. La gente, enfurecida, comenzó a enviarse mensajes de texto a través de los celulares criticando los intentos de manipulación de la información que llevaba a cabo el gobierno. El sábado fueron detenidos los primeros sospechosos gracias al hallazgo de una mochila bomba sin explotar que contenía un chip de celular prepago. Eran tres ciudadanos marroquíes y dos indios. El gobierno insistía con ETA mientras los ciudadanos comenzaban a manifestarse frente a las sedes del Partido Popular en todo el país exigiendo “la verdad antes de votar”. Mariano Rajoy, el candidato, perdió la compostura y acusó a los manifestantes de violar la ley electoral. El domingo, contra todo pronóstico, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero arrasó en las elecciones. Uno de sus primeros actos de gobierno fue sacar a las fuerzas armadas españolas del pantano iraquí.
A partir de ese momento y a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos luego del ataque del 11 de septiembre de 2001, la policía y los servicios de inteligencia españoles demostraron que tantos años luchando contra ETA no han sido en vano. El 3 de abril las fuerzas de seguridad dieron con un piso en el barrio madrileño de Leganés en el que vivían siete de los autores materiales del atentado. Todos son de origen árabe. Cuando intentaron detenerlos, los terroristas se inmolaron causando la muerte de uno de los policías y destruyendo el edificio. Unos días antes, el 18 de marzo, había sido detenido el español Emilio Suárez Trashorras, un minero retirado de 27 años acusado de haberles facilitado los explosivos a los islamistas. La llamada “trama asturiana”, porque la mina de donde fueron robaron se halla en Asturias, quedó al descubierto. Suárez Trashorras es ahora uno de los principales acusados en el juicio que se ha abierto el jueves. La fiscalía pide para él 38.667 años de cárcel.
Uno a uno los máximos responsables de la masacre fueron cayendo en manos de la Justicia durante tres años. Aunque cuatro de ellos aún continúan prófugos. En junio de 2004 fue detenido en Milán Rabei Osman El Sayed, alias “Mohamed El Egipcio”. Los servicios de inteligencia italianos han grabado las llamadas telefónicas en las que se jacta de haber sido el organizador de los ataques. Es el principal procesado extranjero en el juicio. Pena solicitada: 38.654 años de cárcel.
El juez instructor de la causa, Juan del Olmo, a lo largo de dos años y medio de investigación llegó a imputar a 116 personas vinculadas con los ataques, de los cuales sólo 29 han sido procesados mientras el resto fue dejado en libertad por falta de pruebas. Mientras tanto, las heridas políticas que dejó el atentado no han cicatrizado todavía. El Partido Popular no termina de acusar el duro golpe recibido y los medios de comunicación que le son afines no se han cansado de poner en tela de juicio la investigación, insistiendo en la colaboración prestada por ETA a los islamistas y en un par de teorías peregrinas que jamás han podido ser comprobadas.
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