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Durante ocho meses de conflicto, el movimiento que encabezó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para exigir la salida del gobernador priísta Ulises Ruiz dejó un saldo de 20 muertos, 381 heridos y 336 personas detenidas, de las cuales 56 permanecen en la cárcel, en buena medida como producto de “la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para atenderlo y darle solución”, denunció ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, en un informe especial entregado al Congreso.
El documento, que abarca del 2 de junio de 2006 al 31 de enero de 2007 y aclara que 11 personas murieron de manera directa con los hechos y nueve de forma indirecta, coincide con el anuncio de la visita a finales de abril de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer sobre las denuncias de violaciones a garantías individuales durante los enfrentamientos del año pasado, y con una gira de cuatro días que inició ayer mismo Andrés Manuel López Obrador por 22 municipios del estado de Oaxaca, quien sostuvo que la solución al conflicto implica la renuncia del gobernador Ruiz, que se sostiene en el cargo por los arreglos entre el PRI y el PAN para reconocer al conservador Felipe Calderón como presidente a cambio de no remover al mandatario local priísta.
El informe especial entregado por Soberanes detalla violaciones a los derechos humanos “por parte de autoridades federales, estatales y municipales en el desarrollo de sus actividades”, que se agravaron ante flagrantes omisiones que contaron con “la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad o bien cuando estas últimas se niegan de manera infundada a ejercer las atribuciones a las que legalmente están obligados”.
Entre las principales violaciones destacan las detenciones arbitrarias y retenciones ilegales cometidas, que afectaron el derecho a la libertad de reunión y la libertad personal, además de violaciones a las libertades de expresión y a la información, al derecho a la propiedad y a la posesión. El informe consigna violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como violaciones contra la administración de justicia por dilación en la procuración de justicia, dilación administrativa en los procedimientos jurisdiccionales, por irregular integración de averiguación previa y por incomunicación.
Según el informe especial entregado por el ombudsman mexicano a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, se cometieron violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal mediante atentados contra la integridad personal y la práctica de la tortura, que fue denunciada ante la CIDH desde octubre de 2006 durante cuatro audiencias con organizaciones no gubernamentales.
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