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En una nueva decisión polémica, el presidente colombiano Alvaro Uribe les permitió a los jefes paramilitares desmovilizados que hagan política, pero desde la cárcel, donde esperan para ser juzgados por delitos de lesa humanidad. “Mientras no haya sentencia, ese ejercicio lo deben hacer pero desde la prisión de Itagüí”, aseguró el mandatario. Mientras desde el uribismo intentaron bajarle el tono a la autorización del presidente, la oposición y los organismos de derechos humanos cuestionaron la decisión. “Hay que examinar todas las implicaciones que eso tiene, sobre todo tras las revelaciones sobre la forma como los paramilitares pactaron con políticos en algunas regiones”, dijo el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Rodrigo Rivera.
La decisión de Uribe no podía llegar en un peor momento. El llamado escándalo de la parapolítica destapó durante los últimos meses cómo los jefes paramilitares, ahora desmovilizados y esperando juicio, compraron y manipularon durante años a gran parte de la dirigencia política de la costa colombiana y, según siguen apareciendo evidencias, de otras regiones del país. Hasta el momento ya hay ocho legisladores oficialistas en la cárcel, la ex canciller de Uribe tuvo que renunciar por las acusaciones en contra de su familia, y más de cincuenta políticos –en su mayoría uribistas– están siendo investigados y podrían ser procesados.
En medio de este clima de conmoción política, la oposición venía pidiendo al gobierno que garantizara que los ex jefes paramilitares no influirían en las elecciones regionales de octubre próximo. Por eso, ayer cuando el presidente les dio luz verde a los cabecillas de los grupos armados para hacer política en las mismas regiones en las que hasta hace poco controlaban a punta de arma, la oposición salió a rechazarla inmediatamente. “Creo que eso es imposible. No creo que los violadores de derechos humanos puedan ejercer el poder”, sostuvo el senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Borja. Por su parte, los liberales aseguraron que no se les puede permitir opinar públicamente sobre política cuando todavía no se determinó su participación en delitos tan graves, como las violaciones a los derechos humanos de cientos de personas.
Desde el gobierno intentaron contener la situación explicando más en detalle cómo será la actividad política de los paramilitares. “Básicamente lo que se les ofrece es que desde la cárcel ellos puedan expresar sus puntos de vista y por supuesto el gobierno ayudará para que lo hagan. Mientras, ellos tendrán que cumplir con la tarea política que les corresponde, que es contar la verdad de lo sucedido y reparar a las víctimas”, aseguró el comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo. Pero a pesar de las explicaciones ad hoc, lo cierto es que el presidente Uribe intentó ser lo más ambiguo posible y sólo especificó que si son condenados no podrán presentarse a cargos electivos. Pero como todos los colombianos saben, el poder no sólo está en manos de los funcionarios elegidos.
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