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El mundo|Martes, 10 de abril de 2007
SU REFORMA EDUCATIVA QUITARA RESABIOS PINOCHETISTAS

Bachelet usa tiza y borrador

Por María Laura Carpineta

La presidenta chilena Michelle Bachelet cumplió con lo prometido y ayer firmó el proyecto de ley para derogar la antigua Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de la dictadura y reemplazarla por la nueva Ley General de Educación. El nuevo sistema mantendrá la base del régimen anterior, pero atenuará algunos de los aspectos que más irritaban a los profesores, alumnos y partidos de izquierda. Los pingüinos, apodo que se ganaron los estudiantes secundarios por sus uniformes en las manifestaciones del año pasado, no están satisfechos con las reformas. Los profesores tampoco. “Se tomaron en cuenta algunas de las inquietudes planteadas el año pasado, pero me temo que la educación seguirá operando bajo las reglas del mercado”, aseguró el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pávez, en diálogo telefónico con Página/12.

El gobierno de Bachelet está intentando resurgir. Después de la fuerte crisis política por el Transantiago que terminó con la remoción de cuatro ministros hace dos semanas, la presidenta decidió apretar el acelerador y avanzar en los temas que ella misma había presentado como centrales para su gestión. La semana pasada fue la reforma del sistema electoral binomal, una ley de la dictadura pinochetista que limitaba la representación de los partidos minoritarios en el Congreso. Ahora le tocó el turno a la LOCE, otro sobreviviente de los años de Pinochet, que el año pasado desencadenó la primera gran crisis de este gobierno, a sólo cuatro meses de asumir.

El texto final del proyecto se conocerá recién hoy cuando ingrese al Congreso. Sin embargo, Bachelet adelantó ayer los ejes principales. Primero, los dueños de establecimientos privados deberán ser fundaciones u organizaciones sin fines de lucro. Esto regirá tanto para los colegios privados que no cuentan con ayuda del Estado como para los subvencionados. Según adelantó la mandataria, los sostenedores, como se llaman a los dueños, tendrán cuatro años, desde de promulgada la ley, para adecuarse a este nuevo régimen. Además, se creará una Superintendencia para fiscalizar el uso de fondos estatales a los colegios subvencionados, tanto públicos como privados.

La idea es terminar con el mal uso de las subvenciones y atenuar la concepción mercantilista que el pinochetismo le imprimió al sistema educativo en 1990, con la LOCE. Para Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, el proyecto de Bachelet es un avance porque por primera vez se plantea la revisión del régimen y los roles del mercado y el Estado. “Las propuestas son un término medio para dejar tranquilos a todos los actores. Esto es peligroso porque los cambios pueden terminar diluyéndose”, explicó a este diario. Según Cornejo, el mismo sistema de fundaciones sin fines de lucro se utiliza para el sistema universitario y no funciona. “De una manera u otra, se la rebuscan para lucrar”, señaló.

El otro eje de la nueva ley es que los colegios no podrán imponer ningún tipo de selección para admitir a los alumnos durante los ocho años de enseñanza básica. “Se eliminarán los resabios autoritarios y se fortalecerá la inclusión social”, señaló Bachelet al anunciar el proyecto. Uno de las críticas principales a la LOCE era que les daba libertad a los colegios privados y subvencionados para imponer sus propios criterios religiosos, sociales, económicos o académicos para determinar el ingreso de los alumnos. “Es algo que estábamos pidiendo y es un avance”, aseguró Pávez. Sin embargo, el líder gremialista destacó que la nueva ley seguirá permitiendo la discriminación en el ámbito secundario.

Las críticas también llegaron desde los privados. El presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y un hombre cercano a la Democracia Cristiana, Rodrigo Bosch, cuestionó “las nuevas reglas de juego” y aseguró que perjudicará a un sector “que tanto necesita la inversión privada”. La opinión de Bosch es compartida por varios legisladores de la Concertación, muchos de ellos dueños de colegios privados. Ayer cuando Bachelet pidió apoyo a los legisladores, no le hablaba a la oposición sino a sus aliados.

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