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Desde México, D. F.
Mientras el gobierno mexicano reacciona con discursos a las iniciativas migratorias de la Casa Blanca, en Estados Unidos la defensa de los connacionales la dan ellos mismos. Apenas ayer, cerca de 50 organizaciones de trabajadores mexicanos, especialistas, académicos y periodistas asentados en aquel país se manifestaron por una reforma migratoria que legalice a los indocumentados y sus familias, y que proteja el empleo, salario y derechos laborales, además de que se corrijan prácticas de discriminación y explotación a ese sector.
La propuesta dada a conocer hace una semana en Washington plantea un programa de trabajos temporales y establece condiciones específicas para que los inmigrantes obtengan la residencia legal, pero también incluye el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México, para lo cual pretende contratar a 18 mil nuevos agentes para la patrulla fronteriza, construir 600 kilómetros de un muro y 320 kilómetros de barreras móviles, fijar 70 torres de radar y cámaras en esa zona, así como proveer a las autoridades migratorias recursos para detener al menos a 27.500 extranjeros sin papeles por día.
Para el gobierno del presidente Felipe Calderón, el acuerdo entre el presidente estadounidense George Bush y el Senado de ese país es “un paso importante”. De acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa (quien se entrevistó esta semana en Washington con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, para conocer los alcances de la propuesta que se discute en el Congreso estadunidense), México espera que la reforma migratoria “garantice los derechos de los migrantes, reconozca sus aportaciones a la economía y sociedad de ambos países, y contribuya a permitir flujos legales, ordenados y seguros a través de la frontera común”. Luego expresó el rechazo a la construcción de muros y barreras “que separan familias y alejan naciones”, y reconoció que la “solución de fondo” pasa por la generación de condiciones de trabajo y de vida digna para todos en México.
Las organizaciones que salieron en defensa de más de 12 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos sin documentos migratorios enviaron una carta a los presidentes Bush y Calderón, así como a los senadores y representantes demócratas y republicanos en Washington, en la que advierten que “oponerse a la legalización de los indocumentados y demandar su deportación representa un serio peligro para el crecimiento y la seguridad” de ese país, pues el resultado sería que “cientos de miles de negocios quebrarían, el sistema de seguridad social y el crecimiento demográfico entrarían en crisis, el país perdería productividad interna y competitividad internacional, se deteriorarían las relaciones con los países vecinos, se promovería la animosidad internacional contra Estados Unidos, en tanto que la deportación de millones de indocumentados a la frontera con México llevaría al colapso de esa región y daría un incentivo sin precedentes a la delincuencia organizada”.
Pese a los buenos deseos del gobierno mexicano, otros son mucho menos optimistas, como Juan Artola, representante en México de la Organización Internacional para la Migración, para quien la anticipación de las campañas electorales en Estados Unidos y los apretados plazos del Congreso hacen “muy difícil” que prospere la reforma migratoria. Pero aun suponiendo que avanzara en este período de sesiones, que termina en octubre, “las probabilidades de que salga algo que sea beneficioso para los migrantes son muy menores”, dijo.
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