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Siguiendo la estela de Tony Blair en materia antiterrorista, pero cuidando las formas, Gordon Brown presentó ayer en los Comunes una batería de propuestas antiterroristas, pero buscará el consenso con la oposición para las más delicadas. El nuevo primer ministro anunció la creación de un cuerpo unificado de policía de fronteras y, aunque descartó el viejo proyecto de su antecesor de elevar hasta 90 días el período de detención preventiva de los sospechosos de terrorismo, se inclinó por poner en marcha un estudio sobre la conveniencia de elevar ese período de los actuales 28 días a 56.
Tanto conservadores como liberales-demócratas, que con la ayuda de la izquierda laborista tumbaron en noviembre de 2005 la propuesta de 90 días defendida por Blair, cuestionaron la idea de doblar el actual período de detención preventiva y se preguntaron qué ha cambiado desde entonces. Brown puso como ejemplo la investigación sobre los recientes intentos de atentado en Londres y Glasgow, que han exigido investigar 200 teléfonos móviles, 400 ordenadores, 70 viviendas y pesquisas en tres continentes.
El primer ministro aseguró que sería una medida “inusual, excepcional y sólo en casos de terrorismo” y bajo control de un juez del Tribunal Superior, un inspector independiente y el Parlamento. Pero algunos diputados se preguntaron cómo pinta el Parlamento a la hora de decidir si se extiende o no la detención preventiva de un sospechoso de terrorismo. A juicio de Amnistía Internacional, “56 días de detención sin cargos o juicio equivalen a internamiento y es un ataque a los derechos humanos y a las libertades”. Los internamientos se aplicaron en Irlanda del Norte entre agosto de 1971 y diciembre de 1975 y se convirtieron en uno foco de disturbios y violencia. A juicio de Amnistía, eso puede “alienar aún más” a la comunidad musulmana y dificultar todavía más su necesaria colaboración con la policía.
Menos conflictivas parecen otras alternativas que Brown incluyó entre sus propuestas a consensuar: que los sospechosos sigan siendo interrogados una vez que se han presentado cargos contra ellos y la posibilidad de utilizar en los tribunales las pruebas obtenidas mediante interceptaciones. La policía de fronteras es una vieja idea de los conservadores a la que ahora se suman los laboristas. Las tareas que ahora desarrollan la Agencia de Inmigración y Fronteras, los servicios de Aduanas y el servicio de visados se unificarán y se verán gracias a un uniforme “altamente visible”.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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