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Se acercan las elecciones del 9 de septiembre en Guatemala en medio de una creciente violencia política y social. La campaña que empezó en mayo ya registró casi medio centenar de candidatos y activistas asesinados. En un país con altas tasas de crímenes, muchos de los programas políticos se reducen hoy a promesas de mayor seguridad. Nada es casual en una nación en la que los narcos financian partidos, las bandas armadas y la policía asesinan políticos, mientras crecen las empresas ilegales de seguridad privada. Después de 36 años de guerra civil, innumerables dictaduras y gobiernos respaldados por Estados Unidos, algunos militares tienen pretensiones electorales e incluso su propia formación política.
La actual campaña para elegir presidente, vice, 158 diputados y 332 alcaldes ya cobró la vida de cerca de 40 candidatos y militantes de diferentes partidos, mientras otros 21 fueron heridos. La semana pasada, Werner Velásquez, el alcalde de la población de Santa Ana Huista en el departamento nordoccidental de Huehueenango, fue asesinado a tiros por desconocidos, informó Telesur. Velásquez había sido electo en 2003 por el conservador partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que hoy lidera las encuestas, pero ya se había retirado del grupo y ahora apoyaba al oficialista de derecha, GANA.
Según informó la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH), existe un promedio de 3,3 personas muertas al mes, un promedio alto y preocupante, ya que las acciones violentas no se limitan a los líderes políticos sino que alcanzan a sus familiares. “Todo es lamentable y empaña el proceso electoral que ha tenido, entre otras características, también una violencia psicológica que no se había visto antes, como las campañas negras y la descalificación vía Internet que algunas personas están realizando”, expresó el magistrado Sergio Morales de la PDH.
Ningún partido se salva. La mayoría de los más de 15 grupos son de derecha y cuentan con seguridad privada, según informa la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que sería el único con una propuesta de izquierda. Hace dos semanas, la agrupación progresista Encuentro por Guatemala (EG) –que postula a la presidencia a la indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú– también fue blanco de ataque. Carlos Rodríguez de León, candidato del partido para el municipio de un poblado fronterizo con México desapareció al final de una caravana política y luego fue hallado con un disparo en la cabeza y tres en el tórax en el baúl de un vehículo al sudoeste de la capital. Según datos de la organización social guatemalteca Mirador Electoral, las fuerzas políticas más afectadas por la violencia son el UNE, que respalda la candidatura del conservador Alvaro Colom, con 15 víctimas. El derechista Partido Patriota que apoya al general Otto Pérez Molina, un militar retirado que participó de la inteligencia castrense durante la guerra civil, perdió a 5 de sus militantes. De la URNG, proveniente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), fueron asesinadas tres personas.
En lo que va de la campaña, gran parte de los contendientes electorales centró su plataforma en el agobiante problema de seguridad, aislando a la izquierda. “Había otros grupos afines a nosotros, pero en los últimos meses se han ido hacia la derecha por el aporte de dinero de ciertas gentes que han llamado”, señaló a Página/12 José Luis Rizo, militante y colaborador de URNG, en referencia a la Alianza Nueva Nación (ANN) y al EG de Menchú, que se acercó a un empresario reconocido de Guatemala. Tanto EG como URNG, con baja intención de voto, proponen medidas para reformar la Policía Nacional, pero la formación ex guerrillera es la única que llama a incorporarse al ALBA, el mercado propuesto por Venezuela, en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC), explicó Rizo.
El número de víctimas fatales convierte a las elecciones de septiembre en las más sangrientas de ese país centroamericano desde 1985, cuando los comicios pusieron fin a la dictadura militar, informó Mirador. Guatemala fue gobernada durante tres décadas por gobiernos militares represivos. También vivió 36 años de guerra civil hasta el Acuerdo de Paz de 1996, que dejó inmune a gran parte de los represores. Tras la transición, la violencia política sigue a flor de piel con ataques perpetrados por narcotraficantes, bandas callejeras, militares corruptos y delincuentes, informó el diario británico The Economist. La tasa de asesinatos se eleva a 6 mil por año en un país de 14 millones de habitantes, indicó el medio inglés. Algunos de los ataques registrados en 2007 son atribuidos al crimen organizado que intentaría influir en las elecciones y ganar espacios en el sistema político.
Con la huella de más de 200 mil desaparecidos, la derecha gobierna y la oposición con más chances pertenece al mismo campo ideológico. “El GANA es de extrema derecha. Antes de asumir hicieron campaña por un gobierno de empresarios y después firmaron el TLC con Estados Unidos de manera precipitada sin que la población supiera de qué se trataba”, dijo la URNG. En tanto, desde el otro bando de la oposición, el PP, en segundo lugar en las encuestas, propone “mano dura” y el Frente Republicano de Guatemala (FRG) presenta a diputado a un ex presidente puesto por la junta militar de 1982, el general Efraín Ríos Montt. Con un proceso abierto en España, el ex dictador apuesta a obtener su inmunidad, accediendo a la Legislatura.
Informe: Juan Manuel Barca.
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