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Esta semana dos jerarcas de la ya disuelta DINA fueron condenados en una nueva causa. Los generales (r) Raúl Iturriaga y Manuel Contreras fueron sentenciados a cinco y diez años de prisión, respectivamente. La decisión la tomó la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema por el caso del secuestro –y desaparición– de dos jóvenes militantes socialistas, Víctor Olea Alegría y Marío Carrasco Díaz, bajo el amparo de la dictadura de Augusto Pinochet. La noticia quedó sepultada entre las numerosas victorias judiciales de las víctimas chilenas del terrorismo de Estado que se conocen todas las semanas. Sin embargo, el fallo tuvo un significado muy especial para el país.
Jerárquicamente, Contreras fue la persona más importante de la policía secreta de la dictadura, más conocida por la sigla DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Estaba sólo por debajo de Pinochet. Todas las mañanas desayunaba con el dictador y juntos decidían quién viviría y quién no, o quién tenía simplemente que desaparecer. Iturriaga no tenía el poder de su ahora compañero de prisión. Primero fue subdirector de inteligencia de la DINA y más tarde, gracias a su lealtad y eficiencia, ascendió hasta hacerse cargo del departamento económico, desde donde manejaba todas las empresas-fachada a través de las cuales el gobierno de facto desviaba fondos y financiaba las operaciones secretas. Sin embargo, su fama internacional creció por su paso por la jefatura del departamento exterior. Su nombre aparece ligado al asesinato del ex comandante en jefe Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, del ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en Washington y al atentado contra uno de los fundadores de la Democracia Cristiana Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno en Roma. Iturriaga fue condenado a 18 años de cárcel en ausencia por este último caso.
Pero aunque era una figura de segundo nivel durante la dictadura, su nombre y su cara se convirtieron en todo un símbolo en la democracia. A principio de junio pasado, Iturriaga se convirtió en el primer represor chileno en rebelarse abiertamente contra un fallo de la Justicia. Estuvo 52 días prófugo hasta que la policía lo detuvo en Viña del Mar. El incidente no pasó a mayores. Fue recluido inmediatamente y ahora está en la cárcel de Peuco, junto con el resto de los represores condenados. Pero sus días de rebeldía sacaron a la luz los vestigios del pinochetismo y, a su vez, confirmaron lo que ya se sentía hace un tiempo: los chilenos, de izquierda, derecha o centro, ya no cuestionan el actual Estado de derecho. Después de conocer su primera condena, Iturriaga se sentó y escribió una carta abierta. En ella reiteró su inocencia y volvió a acusar a los sectores en el poder de difundir “nada más que mentiras”. Por no reconocer la moral de los tribunales ni las acusaciones en su contra, explicó, se declaraba en rebeldía. Sus palabras rápidamente provocaron la simpatía de gran parte de los militares retirados y de los pinochetistas más acérrimos de la Unión Democrática Independiente (UDI).
La frase más controvertida fue sin dudas la del senador y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia. “Yo recuerdo cuando personajes destacadísimos de nuestra vida política pasaban a la clandestinidad porque estimaban que el Estado de derecho que había durante el gobierno militar no les daba garantías”, sostuvo. “Entonces cuando una persona estima que el Estado de derecho que está imperando no le da garantías o no le satisface, pasa a la clandestinidad. Iturriaga pasó a la clandestinidad como lo hizo doña Michelle (Bachelet) en su época”, agregó el ex oficial, quien dejó la Armada en el comienzo del gobierno de Ricardo Lagos para presentarse, al día siguiente, como candidato al Congreso.
A Arancibia, quien no tiene parentesco con el condenado en Argentina por el caso Prats, se le sumaron otras voces de la UDI, como la del senador Jovino Novoa y el diputado Jorge Ulloa. “Yo considero una vergüenza lo que está pasando con 500 o 600 uniformados que están sometidos a proceso. Los jueces aplican decretos que no existen, hablan de secuestros permanentes y resulta que por 30 años se supone que el secuestrador ha tenido a una persona secuestrada, lo que es una mentira”, cuestionó el senador Novoa, haciendo referencia a la figura legal que permitió convertir las desapariciones en crímenes actuales y que, por ende, no han prescripto.
Durante los 52 días de rebeldía de Iturriaga el clima se calentó bastante en Santiago. En su miedo por la multiplicación de las voces a favor del ex agente de la DINA, los familiares de las víctimas de la dictadura salieron a las calles de Santiago a protestar. La situación es muy peligrosa, habían advertido. La protesta terminó con una pelea campal entre los manifestantes y un grupo de oficiales retirados que salió a su cruce al grito de “Terroristas” y “Salvamos al país del marxismo”.
A pesar del clima enrarecido que se vivió esos días en la capital chilena, la dirigencia política, especialmente desde la derecha, dejó muy en claro que ya no hay cabida para este tipo de debate. “En un Estado de derecho los fallos judiciales deben ser acatados”, sentenció el secretario general de la UDI, Darío Paya. Desde Renovación Nacional, el partido del presidenciable opositor Sebastián Piñera, nadie se solidarizó con los legisladores pinochetistas ni con los oficiales en retiro. “Dejaron claro que nadie está por encima de la ley y con eso quisieron evitar entrar en un debate ideológico sobre las declaraciones de Arancibia, Ulloa o Novoa”, le explicó a este diario el abogado de derechos humanos Roberto Garretón. Hace apenas unos días, Iturriaga difundió una carta desde la cárcel en la que reiteraba su inocencia y cuestionaba los juicios contra los ex militares. Hasta el día de hoy ningún dirigente se solidarizó públicamente con él.
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