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Desde Berlín
Las propuestas de los ministros federales de Interior y Defensa, los democristianos (CDU) Wolfgang Schäuble y Franz Josef Jung, de luchar contra el terrorismo con medios militares, atentan contra la Constitución alemana y abren una brecha en la gran coalición con los socialdemócratas. Para no quedarse atrás y dar la impresión de que minimizan la amenaza terrorista, la ministra federal de Justicia, la socialdemócrata Brigitte Zypries (SPD), propone castigar hasta con 10 años de cárcel la estancia en campamentos de entrenamiento para realizar atentados terroristas y una pena de hasta tres años por difundir en Internet instrucciones para el terrorismo.
La captura de tres presuntos terroristas islámicos que se preparaban para realizar atentados ha sido el pistoletazo de salida en Alemania para que los políticos más derechistas salten a la palestra con propuestas a cual más osada. Una frase hecha en alemán refleja a la perfección la situación: “Cada día sueltan una nueva cerda por la aldea”. Desde la detención de los aprendices de terroristas se debaten temas como control policial de las comunicaciones y acceso a los discos duros personales; fichar en un registro a los musulmanes convertidos; penalizar la estancia de alemanes en campos de entrenamiento para el terrorismo y expulsión del país de los extranjeros; utilización del ejército en misiones antiterroristas en el interior del país y autorización para derribar aviones civiles con pasajeros si son una amenaza de atentado para la comunidad.
Si todas estas medidas se convirtiesen en leyes, Alemania sería otro país en el que la Constitución habría dejado de tener vigencia. Los paladines de este endurecimiento y de sacar partido a la amenaza terrorista son los ministros democristianos de Interior y Defensa, Schäuble y Jung, con el apoyo desde Munich del actual ministro bávaro de Interior, el socialcristiano Günther Beckstein (CSU), que está llamado para suceder a Edmund Stoiber como primer ministro de Baviera a fines de este mes. Schäuble no cesa en su empeño por reclamar una reforma de la Constitución que permita a la policía y servicios secretos el acceso a las comunicaciones en la red y emplear a los militares en la lucha antiterrorista.
Jung ha desencadenado el escándalo al afirmar que él está dispuesto a ordenar a sus pilotos derribar un avión con terroristas a bordo sin tener en cuenta las vidas de los pasajeros inocentes. Esta posibilidad ya la declaró anticonstitucional el máximo tribunal alemán, el Constitucional, el pasado 15 de febrero de 2006, porque atenta contra la dignidad de la persona, y cerró las puertas a la opción de cambiar vidas por vidas. Esto no impide que Jung declare que se trataría de un caso de “estado de necesidad por encima de la ley”. Las organizaciones gremiales de los militares han advertido que esa orden habría que ignorarla y que cumplirla llevaría a tener que responder ante la Justicia por un delito de homicidio.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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