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Las ambiguas relaciones que mantienen el gobierno español y la administración del presidente Hugo Chávez sufrieron ayer un traspié cuando la prensa madrileña hizo público un intento fallido de espionaje por parte de los servicios de Inteligencia venezolanos ocurrido el 30 de marzo de 2005, cuando el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero se disponía a encontrarse con la flor y nata de la oposición en un coqueto hotel de Caracas. El gobierno venezolano negó ayer cualquier relación con los hechos, aunque la sospecha de que detrás del incidente se encuentran los servicios de Inteligencia de Chávez es muy firme en Madrid.
La noticia tiene su origen en fuentes cercanas al aparato de seguridad que suele acompañar a Zapatero en sus viajes, quienes relataron los pormenores del hallazgo de un micrófono oculto debajo de la mesa en forma de U que debía servir de escenario al encuentro entre el premier español y su ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Angel Moratinos, con un núcleo de dirigentes de partidos políticos opositores a Hugo Chávez en las instalaciones del Hotel Meliá de la capital venezolana. Supuestamente, el artefacto había sido colocado estratégicamente para captar las conversaciones que se produjeran en la reunión a puertas cerradas que las máximas autoridades españolas iban a tener esa mañana con los dirigentes antichavistas.
El Palacio de La Moncloa, sede del gobierno español, no emitió ayer ningún comunicado al respecto, aunque fuentes oficiales reconocieron que el incidente había tenido lugar. Lo más curioso es que no se produjera luego ninguna queja a nivel diplomático por parte de la Cancillería española, cuyas autoridades optaron ayer también por mantener bajo el perfil del tema luego de que se hiciera público.
La historia de las relaciones entre Chávez y la administración Zapatero ha estado caracterizada desde el inicio del gobierno socialista, en abril de 2004, por la ambigüedad. Por un lado, el gobierno español se negó a jugar la carta de la deslegitimación política del chavismo que le exigían los conservadores del Partido Popular. La Cancillería madrileña se ha mostrado prudente a la hora de criticar lo que consideran “excesos” del gobierno de Chávez y nunca ha dejado de reconocer que el venezolano está donde está gracias a los votos conseguidos en más de una elección democrática. Es más, el anterior ministro de defensa de Zapatero, José Bono, llegó incluso a cerrar un acuerdo de venta de armas a Venezuela, que se vio frustrado a mediados de enero de 2006 cuando los americanos objetaron que los doce aviones militares que Madrid iba a vender –por 1700 millones de euros– llevaban tecnología estadounidense. Washington vetó la concesión de la licencia comercial y los españoles tuvieron que contentarse con la venta de ocho fragatas mientras se abocaban a la búsqueda de una tecnología alternativa para los aparatos aéreos.
Por otra parte, Zapatero no ha cortado vínculos con la oposición antichavista, como quedó demostrado ayer al hacerse público el incidente de espionaje; se ha hecho eco de las protestas internacionales cuando el venezolano quitó la posibilidad de renovar su licencia a la cadena de televisión golpista RCTV y mantiene una relación más bien fría con Caracas. El incidente que se hizo público ayer, al igual que sucedió con el escándalo de la venta de material militar, sirve de caldo de cultivo a la derecha española para atacar a Zapatero alegando que lleva a cabo una diplomacia favorable a lo que el PP considera las tres bestias negras de América latina en estos momentos: Hugo Chávez, Fidel Castro y el boliviano Evo Morales. Los tres dirigentes son vistos por los conservadores como “populistas” trasnochados, sin grandes matices, y acusan al premier socialista de no defender como corresponde los intereses de las empresas españolas presentes en Cuba, Bolivia y Venezuela.
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