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Desde México DF
El Plan México no es nada más un programa antinarcóticos, como se ha tratado de vender la rebautizada Iniciativa Mérida, anunciada el lunes en Washington. Implica que México se convertirá en “cazaterroristas”, según aceptó la canciller Patricia Espinosa en la tarde del miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. “Se trata de fortalecer nuestra capacidad para detectar terroristas” que pretendan ingresar al país “para atacar a nuestros vecinos. Sería irresponsable no tomar esto en cuenta”, expuso.
Las voces de los senadores –responsables de sancionar los acuerdos y tratados internacionales firmados por México– expresaron su preocupación por las condiciones que imponga Estados Unidos a cambio de 1400 millones de dólares en equipo y capacitación para la iniciativa que es un remedo del Plan Colombia. No en balde, dijeron, el presidente George Bush inscribió el paquete de ayuda a México dentro de su petición de fondos extraordinarios destinados a reforzar la intervención militar en Irak y Afganistán. “Nos preocupa porque justamente es en esos territorios donde Estados Unidos ha concentrado su lucha contra el terrorismo”, advirtió la presidenta de la comisión y ex canciller, la senadora priísta Rosario Green.
Patricia Espinosa eludió comprometerse ante los senadores que le reclamaban una copia del acuerdo del que sólo conocen lo que se ha publicado en la prensa de Estados Unidos. ¿Es un tratado, un convenio o un acuerdo bilateral? Los senadores mexicanos no lo saben. Pero la responsable de la política exterior mexicana se limitó a reducir el Plan México a “un acuerdo político” entre los gobiernos de Felipe Calderón y George Bush. “No se trata ni de un tratado que deba ser sometido a aprobación del Senado ni de un acuerdo interinstitucional, como lo define nuestra ley de celebración de tratados”, alegó Espinosa.
Pero mientras la canciller les da la vuelta a los senadores, en la Procuraduría General de la República se han reunido durante dos días funcionarios de alto nivel de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública federal con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes han exigido nuevos mecanismos de vigilancia y supervisión en terminales aéreas mexicanas, instalación de radares, limpieza de cuerpos policíacos en todos los niveles y mejores acciones contra la migración, según miembros del gabinete de seguridad citados por el periódico La Jornada. Los funcionarios mexicanos se habrían negado a permitir más presencia de agentes antinarcóticos de Estados Unidos, pero habrían aceptado que se incremente el intercambio de información en tiempo real.
Con el pretexto del combate a las drogas, la policía federal recibiría nuevas tecnologías que se emplearían en acciones de inteligencia para detener a miembros de la delincuencia organizada bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, algo así como la CIA mexicana. Según el subsecretario de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública federal, José Patricio Patiño Arias, el Plan México “no es un numerario, no es traslado de dinero de un país a otro, es un soporte logístico que tiene que ver con instrumentos y equipamiento”.
Mientras esto ocurría, el senador perredista Ricardo Monreal le preguntaba a la canciller Espinosa: “¿No es esto injerencia de Washington?” En los hechos, dijo, lo que ocurre es que se “extiende el perímetro de seguridad de Estados Unidos y México está adoptando su agenda como prioridad; estamos asumiendo como propias sus preocupaciones y renunciando a la autonomía de nuestra política exterior”.
Aun más, cuestionó que se permita que en el supuesto combate al narcotráfico se involucren también decisiones políticas en materia migratoria y los indocumentados, en las fronteras norte y sur, sean tratados como terroristas.
Por supuesto, Espinosa reconoció que el “apoyo” estadounidense se usará “también” para que el gobierno mexicano pueda para detectar terroristas que pretendan “atacar a nuestro vecino”. ¿Y sobre los migrantes? Pues simple, el equipo para digitalizar la información migratoria, que será compartida con las agencias estadounidenses, es necesario porque, “con toda honestidad, no tenemos un sistema suficiente para lograr un registro exhaustivo de todas las personas que entran al país”. Por cierto, el gobierno de Calderón aclaró ayer que no destinará 7500 millones de dólares al Plan México, como reveló su embajador en Washington Arturo Sarukhan, sino que esa cifra forma parte del presupuesto ordinario de seguridad nacional, que este año equivale a 2400 millones de dólares.
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