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El caso Blackwater mancha a la jefa de la diplomacia norteamericana, Condoleezza Rice. Según informó ayer el diario The New York Times, investigadores del Departamento de Estado ofrecieron inmunidad a los guardias de la empresa de seguridad privada, acusados de matar a 17 civiles iraquíes. De ser así, Rice estaría en aprietos. En tanto, el gobierno iraquí aprobó ayer un proyecto para anular la inmunidad de las compañías extranjeras de seguridad que operan en el país, en una jornada en que el ejército de EE.UU. asesinó a un civil iraquí e hirió a otro.
La oferta hecha por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado a los empleados de Blackwater no fue gratuita, sino a cambio de que dijeran la verdad, informaron al Times funcionarios norteamericanos en condición de anonimato. Sin embargo, aún se desconoce si los investigadores estaban autorizados a ofrecer la inmunidad a los mercenarios privados que mientras protegían una caravana de vehículos del Departamento de Estado el 16 de septiembre pasado, abrieron fuego contra una muchedumbre en una plaza de Bagdad. El saldo fueron 17 muertos.
Pero el supuesto canje trae otras complicaciones. Ahora la policía federal (FBI), encargada desde octubre de la investigación del tiroteo en Irak, no puede usar las declaraciones recolectadas por la Oficina de Seguridad Diplomática. Ante las preguntas del FBI, varios guardias privados se rehusaron a responder debido a la inmunidad que les prometió el Departamento de Estado dificultando las investigaciones, dijo el diario The Washington Post. “Los acuerdos hacen las cosas más complicadas y difíciles”, dijo un oficial policial al Post.
De acuerdo con funcionarios, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sí pueden otorgar inmunidad a testigos o inculpados, nunca tuvieron conocimiento de la oferta, informó el Times. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, puso límites a la inmunidad en caso de haber sido otorgada. “Sería mejor una protección limitada, que no excluye que sean procesados con éxito por la vía criminal”, precisó McCormack. No obstante, el portavoz se negó a confirmar los trascendidos. En cambio, dijo que la investigación sigue en curso y desvinculó a Rice de la Oficina de Seguridad Diplomática, cuyo jefe, Richard Griffin, fue removido la semana pasada del cargo. “La actitud de la señora Rice es que si los individuos violaron las normas, leyes o reglamentaciones, deben ser procesados”, señaló.
En tanto, el ejército estadounidense dijo ayer que coordinará los movimientos de las empresas de seguridad, pagadas por Estados Unidos para contratar agentes en Irak. La decisión, señaló el portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, será tomada de común acuerdo con el Departamento de Estado.
Sin embargo, el secretario de Defensa Robert Gates y Rice no llegaron a un acuerdo ayer cuando, durante un almuerzo de trabajo en el Pentágono, discutieron la propuesta de poner a todos los contratistas bajo un mando único para controlarlos.
Pero el gobierno iraquí no se quedó quieto y ayer exigió una vez más la retirada de Blackwater del país, donde trabajan unos 20.000 guardias de seguridad armados. Mediante un proyecto de ley, el gobierno ratificó levantar la inmunidad a todas las agencias de seguridad extranjeras y agregar nuevos requisitos. Ahora la propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento, dijo el vocero de Bagdad.
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