El profesor Paolo Persichetti se despertó en plena pesadilla. Por primera vez en los últimos 17 años, el gobierno francés extraditó a uno de los activistas italianos refugiados en Francia y condenados en Italia por sus presuntas actividades “terroristas”. Paolo Persichetti, ex miembro de un grupúsculo militante heredero de las Brigadas Rojas italianas, la Unión de Comunistas combatientes, profesor de Sociología en la Universidad de la Sorbona y supuestamente implicado en el asesinato del general Lucio Giorgieri (1987), duerme desde el pasado domingo en las cárceles italianas. El gobierno conservador del presidente Jacques Chirac “rompió” con la promesa del difunto mandatario socialista François Mitterrand de no extraditar a los activistas italianos refugiados en Francia. Condenado en 1991 a 22 años de cárcel por complicidad en el asesinato del general Giorgieri, sin previo aviso, el profesor Persichetti pasó de la luz de París a la sombra de la cárcel.
Persichetti forma parte de ese “club” selecto compuesto por una centena de ex izquierdistas italianos refugiados en Francia y condenados en su país por delitos diversos. Contrariamente a los demás, el ex integrante de la Unión de Comunistas Combatientes era el único sobre cuya cabeza pesaba un decreto de extradición firmado en 1994 por el ex primer ministro liberal Edouard Balladur, pero nunca aplicado hasta hoy. La extradición de Persichetti marca un neto cambio de la política francesa, incluso si se toman en cuenta los “casos” de ex revolucionarios o anarquistas refugiados que volvieron a su país sea voluntariamente, sea en aplicación de acuerdos precisos: el filósofo Tony Negri, el escritor Adriano Sofri, el anarquista Massimo Passamani o el terrorista Carlo Ciccutini regresaron en los últimos diez años para cumplir sus condenas y, a la vez, denunciar los vicios del sistema judicial de la península. De manera sistemática, cada vez que un gobierno conservador asume en Roma, Italia acusa a Francia de ser “un refugio seguro para muchos criminales que huyen y que cometieron delitos muy graves en Italia”, según lo expresado el pasado 22 de marzo por el ministro de Interior italiano, Roberto Castelli. Las acusaciones de Castelli se produjeron dos días después del asesinato de uno de los colaboradores del ministro de Trabajo, Marco Biagi.
Es lícito reconocer que la extradición de Paolo Persichetti choca con dos reservas: la primera concierne a Francia, la segunda a Italia. En primer lugar, en 1985, François Mitterrand había prometido “protección” a todos aquellos que “rompieron con la máquina infernal, que abordaron otra fase de sus vidas y se insertaron en la sociedad francesa”. Pero tal vez el hecho más relevante esté en las condiciones en que el profesor Persichetti y otros tantos como él fueron condenados en Italia por tribunales de excepción, basándose en testimonios por demás dudosos. Condenado en 1989 a cinco años de cárcel por pertenecer a la Unión de Combatientes Comunistas (UCC), el profesor Persichetti fue lavado de toda culpa y cargo en el juicio por el asesinato del general Giorgieri. Sin embargo, en 1991, apoyándose en el testimonio de un arrepentido, la Justicia volvió a juzgarlo y terminó condenándolo a 22 años de cárcel. Algunos meses después, el “arrepentido” que lo había implicado en el crimen modificó sus declaraciones librando de culpa así a Persichetti, pero la sentencia del ex brigadista nunca fue modificada.
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