Una corte federal de apelación en Cincinnati dictaminó que la administración Bush actuó ilegalmente al mantener cientos de audiencias de deportación en secreto, exclusivamente en base a que aquellos involucrados eran sospechosos de terrorismo. Las audiencias fueron “profundamente poco democráticas”, dijo la corte. Este es el fallo legal más significativo sobre la conducta del gobierno desde el 11 de setiembre. La administración Bush todavía está decidiendo si apelar o no. Cientos de personas fueron detenidas después de los ataques del 11 de setiembre y todos, salvo 81 de los 752 detenidos por sospechas de violaciones de visas, han sido deportados o liberados, de acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Justicia.
Las audiencias de deportación a menudo se llevaban a cabo en secreto: hasta el hecho que se llevaran a cabo era ocultado. El secreto era esencial para la seguridad nacional, se decía. Pero “las democracias mueren detrás de puertas cerradas,” escribió el juez Damon Keith en su fallo. “La primera enmienda, a través de la prensa libre, protege el derecho de la gente a saber que su gobierno actúa imparcialmente, legalmente y con exactitud en los procedimientos de deportación. Cuando el gobierno comienza a cerrar las puertas, selectivamente controla la información que por derecho le pertenece al pueblo. La información selectiva es información errónea”. El fallo concluye que “los procedimientos abiertos con una prensa vigorosa e investigadora sirven para asegurar la durabilidad de nuestra democracia”.
El caso fue presentado por cuatro diarios en Michigan en conexión con un clérigo musulmán libanés, Rabih Haddad, que abusó de su visa de turista. Residente de Ann Arbor, Michigan, Haddad era el fundador de Global Relieve Foundation, cuyos bienes fueron confiscados durante la investigación post 11 de setiembre. La fundación, que niega tener relaciones terroristas, está apelando contra un dictamen de la corte que mantiene la confiscación. En abril, un juez en Detroit dictaminó que el gobierno no podía decidir cual de sus audiencias mantener en secreto. Esa sentencia fue apelada. La decisión de ayer sostuvo la sentencia del juez del juicio. Las otras dos sentencias, en Washington y en Newark, también le han ordenado al gobierno que mantengan las audiencias abiertas a la prensa y al público pero la decisión de Cincinnati fue la primera en tan alto nivel legal.
Haddad, de 41 años, fue detenido el 14 de diciembre en Brideview, Illinois, y un juez de inmigración en Detroit llevó a cabo tres audiencias secretas en su caso, citando una directiva de un alto juez de inmigración, Michael Creppy, de que “la corte debe estar cerrada para estos casos, ningún visitante, familia y nada de prensa”. Haddad, cuatro diarios y el congresista demócrata John Conyers hijo, desafiaron las audiencias secretas. El Departamento de Justicia sostuvo que la rama ejecutiva tenía poder casi total sobre los asuntos de inmigración, y que este poder era mayor que los derechos bajo la primera enmienda. El argumento fue rechazado por la corte de apelaciones.
* De The Guardian de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.
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