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El gobierno de Pakistán ordenó ayer el arresto domiciliario por siete días de la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto. El objetivo del presidente Pervez Musharraf es impedir que la líder del opositor Partido Popular de Pakistán (PPP) asista hoy a una manifestación prohibida por las autoridades. Según el gobierno, así se evitaría que el PPP sufra un nuevo atentado, pero la medida echó más leña al fuego. En un cambio repentino de su política, Bhutto rompió negociaciones con el oficialismo, amenazó con enfrentar a la policía y boicotear las próximas elecciones anunciadas para antes del 9 de enero, que hasta ayer ella veía con buenos ojos. Por su parte, la comunidad económica del Commonwealth advirtió a Islamabad que podría suspender su participación si no levanta el estado de sitio.
Después de haber caído bajo arresto domiciliario el viernes y ser liberada el sábado, Bhutto volvió a estar rodeada de policías, pero esta vez por muchos más días. “Miles de policías rodean la residencia temporal de la señora Benazir Bhu-tto y nadie puede verla”, dijo el dirigente del Partido Popular de Pakistán (PPP), Jehangir Badar. Pese a que las autoridades paquistaníes intentaron entregarle la orden de detención, la ex primera ministra no la recibió. De ahora en más, Bhu-tto debe mantenerse por una semana en casa de un dirigente de su partido en la ciudad oriental de Lahore. Allí, la opositora aguardaba la marcha que el PPP convocó para hoy y que concluirá en Islamabad, en protesta contra el estado de sitio decretado hace diez días por el presidente paquistaní.
Antes de que fuera arrestada, Bhutto hizo un nuevo giro político anunciando una ruptura de relaciones con Musharraf. “Decimos no a más conversaciones”, señaló la lider del PPP, un día después de abrir las puertas a la negociación, mientras cientos de sus militantes eran detenidos. “Es un cambio en mi política hasta ahora. No podemos trabajar con alguien que suspende la Constitución, impone el estado de excepción y reprime a la justicia”, advirtió repentinamente. Subiendo de tono las amenazas, la ex primera ministra amenazó al gobierno con un boicot de las elecciones legislativas, previstas ayer por el mandatario de Pakistán para antes del 9 de enero frente a la presión social e internacional.
Pese a que las manifestaciones están prohibidas tras la suspensión de la Constitución, el partido de Bhutto aseguró que la protesta de hoy se realizará y que habrá fuertes enfrentamientos si se trata de impedir, como sucedió con la marcha organizada el viernes pasado. “Si la policía trata de frenarnos, habrá una batalla campal entre activistas del PPP y la policía en cada ciudad y cada barrio de Punjab”, dijo el vocero de la agrupación Farzana Raja.
Sin embargo, el ministro de Justicia de la provincia de Punjab, donde están Lahore e Islamabad, reiteró que las movilizaciones no estaban permitidas bajo las medidas de excepción vigentes. Para la policía existe un elevado riesgo de un atentado islamista contra la marcha y la líder opositora, el mismo argumento que el gobierno utilizó el viernes pasado para detener a Bhutto. “Sabemos que la amenaza de un ataque es muy seria. Es inminente y es del mayor nivel”, advirtió el jefe de policía de Lahore, Malik Mohammad Iqbal.
El mes pasado, un doble atentado suicida asesinó a cerca de 145 personas cuando una caravana multitudinaria de seguidores salió a darle la bienvenida a la ex primera ministra a su regreso al país después de estar exiliada ocho años, en lo que fue interpretado como un acuerdo entre la dirigente y el presidente paquistaní.
En tanto, la asociación británica de naciones, Commonwealth, también hizo advertencias. Si el gobierno de Islamabad no responde a las exigencias del Commonwealth, la participación de Pakistán en este bloque de 53 países será suspendida, dijo ayer su secretario general, Don McKinnon, tras una reunión extraordinaria del Grupo Ministerial de Acción de la comunidad comercial. Para no ser sancionado, Musharraf deberá restablecer la Constitución y levantar el estado de emergencia antes del 22 de noviembre, fecha de la próxima reunión del grupo, así como abandonar su cargo de jefe del ejército, suprimir las restricciones a la libertad de prensa y liberar a todos los detenidos, que llegarían a tres mil, tras la instauración del estado de excepción el 3 de noviembre.
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