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El mundo|Sábado, 24 de noviembre de 2007

Todos perdieron con la huelga de transporte que terminó en Francia

Los trabajadores perdieron entre 700 y 900 dólares de sus salarios, millones de personas se quedaron sin transporte durante una semana, las empresas no pudieron recaudar y el gobierno quedó sospechado de haber alargado el conflicto sin necesidad.

Por Eduardo Febbro
desde París
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El tráfico de pasajeros retomó su ritmo habitual ayer, tras el fin de la huelga.

La huelga que paralizó los transportes públicos de Francia durante nueve días concluyó con un costo elevado para la economía, un elevado tributo pagado por los trabajadores –perdieron entre 700 y 900 dólares de salario–, un sacrificio real para los millones de personas que tuvieron que circular a pie o se quedaron atrapadas en memorables embotellamientos y un balance político a medias para los dos protagonistas de la crisis: el gobierno y los sindicatos. El conflicto desencadenado a raíz de la reforma del régimen especial de jubilaciones despertó la oposición de los sindicatos ligados al transporte público que se oponen a que el gobierno suprima los regímenes especiales que conciernen a medio millón de trabajadores. Tal como lo había anunciado en la campaña electoral para las elecciones presidenciales de abril y mayo pasado, Nicolas Sarkozy quiso cambiar el estatuto de esos regímenes y equipararlos con los vigentes en la función pública, donde los trabajadores cotizan durante 40 años y 37 y medio en el caso de las pensiones especiales.

“Esa reforma la prometí y la llevé a cabo”, dijo ayer el presidente francés. El presidente se expresó con ese estilo eminentemente literario que caracteriza al mundo político francés. “La reforma no podía ser diferida. Se hizo porque es equitativa y porque los esfuerzos deben ser compartidos (...), para que el poder adquisitivo de las jubilaciones de los jubilados, de los empleados del gas y de la electricidad y del Metro sea preservado.” El inicio, el miércoles pasado, de las negociaciones tripartitas entre los sindicatos, las empresas y un representante del Estado abrieron el camino para que el conflicto llegara a su fin. Sin embargo, el clima en las asambleas generales organizadas por los sindicatos no era en nada armonioso ni satisfactorio. Numerosos sindicalistas advirtieron que la huelga sólo estaba “suspendida” y que se seguiría con lupa el desarrollo de las negociaciones que se reiniciarán a principios de la semana próxima. La huelga termina con una sospecha que apunta al gobierno: la de haber contribuido a que el conflicto se prolongara con el único fin de hacerles perder a los sindicatos la batalla de la opinión pública. Hace ocho días, la CGT había aceptado el principio no ya de una negociación global con el gobierno sobre las jubilaciones, sino gremio por gremio y con la participación de las empresas, el mundo sindical y enviados del Estado. El gobierno impuso, sin embargo, como condición de la negociación que se levantara la huelga, opción rechazada por la base sindical. Ello provocó la prolongación del conflicto más allá de lo necesario.

¿Quién ganó y quién perdió? Demasiado pronto para argumentar. Lo cierto es que el presidente podrá afirmar que la reforma se hizo, incluso si aun quedan por conocerse las condiciones de la negociación en curso y, sobre todo, lo que obtendrán los sindicatos como compensación. Las direcciones de los sindicatos tuvieron muchos problemas para que la base aceptara volver al trabajo. Ayer, pese al fin del conflicto, los transportes seguían alterados y se percibía un encono latente por parte de los obreros. Resulta no menos veraz que si se elaboró una solución no fue gracias a la habilidad del gobierno ni a su sentido del consenso, sino a la disposición y al sentido del compromiso del secretario general de la CGT, Bernard Thibault. En ese contexto, el gobierno sale con un perfil de gestor empecinado y poco atento a las preocupaciones de las bases. Los medios transmiten una situación más apaciguada de la que se constata en la realidad. La huelga de los funcionarios públicos, los bloqueos persistentes de las universidades y de los bachilleratos muestran que el presidente francés tiene un duro frente opositor entre las categorías sociales que estiman con lucidez que están, una vez más, pagando el tributo de todos. Un mandato que se inicia con esos sectores manifestando su insatisfacción augura muchos conflictos futuros. Sarkozy prometió ayer ocuparse del otro gran problema social, el poder adquisitivo. Hasta ahora sólo se ocupó de las jubilaciones y de aparecer ante las cámaras en cuanta escena fuera posible. Pero en los días de la huelga nadie lo vio ni lo oyó.

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