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Ecuador estrena hoy su Asamblea Constituyente con una amplia mayoría oficialista, pero las cosas no serán tan fáciles como parece. La oposición, golpeada y casi sin caudal electoral, promete reunificarse detrás del pedido de autonomía de Guayaquil, el centro económico y empresarial del país. El alcalde de esa ciudad, Jaime Nebot, ya empezó a calentar la cancha. En los últimos días llamó a desobedecer los cambios de la Constituyente, al menos hasta el referéndum final. Pero las palabras de Nebot no preocupan al oficialismo. “El miedo es libre. Nosotros intentaremos dialogar, si es posible, con la oposición”, señaló el futuro presidente de la asamblea y amigo cercano del presidente Rafael Correa, Alberto Acosta. Anoche, mientras se terminaban de afinar los últimos detalles para la inauguración en la pequeña ciudad de Montecristi, el Congreso –último bastión opositor– se declara en receso indefinido.
Acosta y el gobierno tienen muchas razones para estar tranquilos. Su coalición, Alianza País, tiene 73 asambleístas y sus aliados consiguieron otras siete. En total, controlan el 61 por ciento de las bancas y, por lo tanto, no necesitarán de los votos de la oposición para redactar la Constitución. “Aprendimos algo del caso boliviano. Según nuestro reglamento, no se necesitarán dos tercios para aprobar los artículos, sino el 50 por ciento más uno de los votos”, le explicó a este diario Acosta. Con esa mayoría se aseguran no tener que negociar iniciativas como la inclusión de referendos revocatorios para todos los cargos electivos y la modificación del sistema de elección de los jueces de la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. Estas estratégicas instituciones ya no estarán en manos del Congreso –y en consecuencia de los partidos–, sino que pasarán a ser competencia del Poder Ejecutivo.
Aprovechando el viento a favor, el oficialismo ya decidió que no se limitará a redactar una nueva Carta Magna, sino que intentará ahorrar tiempo y empezar a aprobar algunas leyes ordinarias importantes. Según adelantó el futuro presidente de la asamblea, mientras dure la Constituyente –seis meses con posibilidad de una prórroga de dos meses más– se creará una comisión legislativa que se ocupará de cambiar “al menos seis leyes fundamentales”, como la ley financiera, la de energía, las referidas al sistema tributario, al sistema bancario, a las empresas públicas y al régimen de competencia comercial.
Este es el verdadero miedo de la oposición y, principalmente, de los sectores de poder en Guayaquil. Estas reformas no están contenidas en el borrador que redactó el gobierno, sino que son propuestas, en su mayoría, por el timonel de la banca oficialista. Acosta es un amigo y aliado de Correa y fue su ministro de Energía hasta abril pasado. Pero no es un correísta. Dejó el ministerio tras pedir la caducidad de los contratos de Petrobras en Ecuador, una sugerencia que Correa cortésmente dejó pasar.
El Partido Social Cristiano (PSC) del alcalde Nebot ya señaló que no aceptará este tipo de reformas por adelantado. “Nosotros vamos a construir acuerdos, pero no vamos a permitir que se viole la Constitución, y ésa es –todavía– la actual”, sentenció César Rohon Hervas, uno de los cinco constituyentes de la banca del PSC. Sin embargo, la oposición aún no se anima a lanzar amenazas concretas. “Vamos a ver qué pasa cuando empiecen las sesiones. Pero si el oficialismo comienza a legislar desconociendo el Congreso, estaremos frente a una dictadura constituyente”, advirtió.
Además de estas advertencias, la oposición no llega con mucho más a la asamblea. Desde la derrota en las urnas, ninguna de las fuerzas presentó propuestas concretas ni mucho menos un proyecto integral de constitución. Para los analistas ecuatorianos la explicación es simple. La oposición llega desanimada y con poca perspectiva de poder influir en el resultado final. Sin embargo, todos coinciden en que la situación cambiará cuando empiece el debate. Entre los 50 asambleístas opositores se encuentran algunas pesos pesados, como los ex rivales de Correa en las últimas elecciones, el multimillonario bananero Alvaro Noboa y el socialdemócrata León Roldós, y el hermano del ex mandatario Lucio Gutiérrez.
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