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Mariano Rajoy dio un paso más hacia la derecha ayer en Barcelona al introducir el espinoso tema de la inmigración en la campaña electoral de cara a las presidenciales del 9 de marzo. Siguiendo la estela de su admirado Nicolas Sarkozy, el candidato del Partido Popular prometió que “nunca más habrá regularizaciones masivas” y que creará una agencia de inmigración estatal que controle el ingreso de personas al país de acuerdo con las necesidades de empleo de las empresas españolas, a la vez que exigirá a los extranjeros “que respeten las costumbres” mediante la firma de un extraño “contrato de integración”.
La propuesta del líder del PP fue hecha pública en el marco de las Jornadas de Inmigración organizadas por su partido en Barcelona, una de las ciudades donde el fenómeno es más visible y en la que mayores tensiones se registran, junto con Madrid, entre españoles e inmigrantes. Según Rajoy, el contrato otorgaría a los recién llegados los mismos derechos que a un español –no explicitó si también se les reconocerá el derecho a voto–, pero les exigiría “cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres”.
“Durante mi gobierno en España no se va a poder entrar ilegalmente”, continuó el candidato conservador ante una audiencia entusiasta que agitaba banderas españolas y aplaudía sus propuestas. Algo que es más fácil de decir que de hacer, ya que, según datos oficiales, la mayor parte de los inmigrantes ilegales entran por los aeropuertos españoles, una puerta mucho más difícil de controlar que las fronteras marítimas, por donde lo intentan los desesperados africanos. Pero más allá de las propuestas concretas, Mariano Rajoy sabe que el tema de la inmigración tiene rédito electoral y, siguiendo la senda del resto del centroderecha de la Unión Europea, no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad.
El supuesto “contrato” deberá, según Rajoy, contener una fórmula que obligue al inmigrante “a regresar a su país si durante un tiempo no logra encontrar empleo”, aunque tampoco aquí entró en detalles acerca de cuál será ese “tiempo”. En ese caso, afirmó, el gobierno deberá ayudarlos a que regresen, costeando incluso el viaje con fondos públicos. El PP está preocupado porque sostiene que la actual crisis económica, que ha comenzado a afectar el crecimiento sostenido que el país tuvo durante los últimos cuatro años, dejará a muchos inmigrantes en la calle. Entonces “las ciudades españolas arderán como ardieron las francesas”, afirman los dirigentes populares.
Pero el discurso antiinmigrantes, que le sienta muy bien a una cierta franja de la población, preocupa a los empresarios de ciertos sectores, sobre todo manufactureros, que sólo consiguen mano de obra barata gracias a la copiosa afluencia de extranjeros. A ellos el líder del PP los ha querido tranquilizar proponiendo dentro su paquete para afrontar el problema la posibilidad de que las empresas puedan contratar a agencias privadas para que busquen mano de obra directamente en los países de origen. Hasta ahora esa facultad es privativa del Estado español y su excesiva burocracia impide que se transforme en una herramienta efectiva para contrarrestar el ingreso de inmigrantes ilegales. De esta forma, afirma el candidato conservador, los inmigrantes “llegarán con un contrato y con la formación requerida”.
Desde el Partido Socialista no se hicieron oír ayer voces contrarias a esta propuesta, ya que saben que el tema de la inmigración siempre termina por favorecer a la derecha y no parecen dispuestos a entrar en el juego. El actual gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo una regularización masiva de inmigrantes durante sus primeros años, medida que Rajoy no dejó de criticar durante el transcurso de la legislatura, a pesar de que su partido, durante el período que gobernó José María Aznar, tomó medidas similares. Las que sí han respondido, en cambio, han sido las ONG españolas, que han advertido al PP de que su propuesta de un “contrato” con los inmigrantes no tiene validez operativa, porque los derechos y obligaciones de los extranjeros “no están supeditados a un contrato administrativo” y que por lo tanto es sólo una medida “electoralista”. Las organizaciones se han expresado a través del portavoz del Comité Español de Ayuda al Refugiado, Mauricio Valiente, que afirmó que se siente preocupado por “la especie de competición en la que parecen estar metidos los partidos políticos en su lucha por mostrar quién mantiene una postura de mayor firmeza frente a la inmigración”. SOS Racismo, a través de su portavoz, Javier Ramírez, criticó que la propuesta del PP “da a entender al ciudadano que los inmigrantes no respetan la ley y, por tanto, que son criminales”.
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