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La obediencia debida resucitó del otro lado de la cordillera. Los sectores más conservadores de Chile salieron esta semana a defender a las fuerzas armadas después de que, por primera vez en la historia de la democracia del país, un general en actividad tuviera que renunciar por su participación en una masacre de la dictadura pinochetista. No es un caso aislado. Más de la mitad del alto mando de las fuerzas armadas está procesado o declarando como testigo en causas de violaciones a los derechos humanos.
Los jóvenes oficiales que en 1973 recién empezaban su carrera militar habían logrado pasar inadvertidos hasta ahora en las megainvestigaciones de los abogados de derechos humanos. Pero de un día para el otro, cinco de los nueve generales del alto mando quedaron involucrados de una u otra manera en juicios por violaciones a los derechos humanos. Los generales Cristián Le Dantec Gallardo, Julio Baeza von Bohlen, Eduardo Aldunate Helmann y Guillermo Castro Muñoz declararon en estos últimos días en la causa que investiga el secuestro y asesinato de 22 campesinos en octubre de 1973. Por ahora sólo Castro Muñoz está imputado, sin embargo, los abogados querellantes no descartan nuevos procesamientos.
La situación de estos cuatro generales y de los otros 36 oficiales retirados que están siendo investigados por el mismo caso ya había empezado a preocupar al sector castrense. Pero fue la renuncia de un quinto general lo que encendió los llamados a la “comprensión” y la obediencia debida. “Todo acto humano debe ser visto dentro de un principio clásico de la moral católica: nadie está obligado a lo imposible y los gestos heroicos no pueden ser exigidos a todas las personas”, aseguró el secretario de la Conferencia Episcopal chilena Cristián Contreras.
La defensa de la cúpula eclesiástica no sorprendió tanto como la del ex juez Juan Guzmán Tapia, uno de primeros magistrados que avanzó en los juicios contra los represores. “De no cumplir con esa orden, era muy posible que lo hubieran asesinado como lo hicieron con tantas otras personas. El general Gonzalo Santelices no tenía responsabilidad criminal. El gran responsable es Augusto Pinochet”, argumentó reeditando el discurso que impulsó la ley de obediencia debida del este lado de la cordillera. Gonzalo Santelices era hasta el martes pasado el jefe de la Guarnición Militar de Santiago, lo que significa que era el encargado de recibir a los presidentes extranjeros que visitaban el país y controlar la guardia del Palacio de la Moneda. Como miembro del alto mando su hoja de vida había sido investigada por sus superiores y por el gobierno, especialmente hace cinco años cuando la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet aprobó su ascenso a general. Pero una investigación del diario chileno La Nación, publicada el 27 de enero pasado, rescató un detalle, aparentemente ignorado por uno y por otros.
El 24 de septiembre de 2002 el entonces coronel Santelices confesó ante el juez Guzmán Tapia su participación en la Caravana de la Muerte, uno de los primeros operativos de la dictadura que dejó más de 120 muertos en todo el país. Según su declaración, lo mandaron a la cárcel de la ciudad de Antofagasta a buscar a 14 presos políticos. Los subió a un camión vendados y maniatados, y los llevó a las afueras. Allí, en medio del campo, los hizo formar. Del resto del trabajo se ocuparon los conscriptos que dispararon “mil veces” hasta que todos los cuerpos dejaron de moverse.
Por entonces era un subteniente de 20 años, recién salido de la academia militar. Tardó casi 30 años en reconocer su participación en uno de los peores episodios de la dictadura chilena. Su declaración fue oída por los abogados del Consejo de Defensa del Estado, que oficiaban de querellantes, y más tarde fue archivada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sin embargo, Bachelet dijo esta semana que nunca supo sus antecedentes, ni aun cuando lo investigaron para ascenderlo en 2003. Una fuente que pidió el anonimato le confió a Página/12 que una vez destapado el caso, el ministro del Interior Francisco Vidal recurrió a los archivos del Programa de Derechos Humanos para buscar la transcripción de la declaración del ahora ex general. Para su sorpresa –o no– allí estaba.
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