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Pakistán no logra salir de la espiral de violencia. A dos semanas de las elecciones y del triunfo de la oposición, un nuevo atentado dejó al menos 35 muertos y 50 heridos, y acentuó el clima de inseguridad que se vive en el país desde el año pasado. El objetivo fue otra vez un funeral. Centenares de personas rendían su respeto a un policía que había muerto en otro atentado en el noroeste, feudo de las tribus islámicas.
La ceremonia comenzó temprano en la ciudad de Mingora, en la región montañosa de la frontera con Afganistán. Allí las fuerzas militares paquistaníes llevan meses combatiendo a las milicias islámicas y, según Islamabad y Washington, a sus aliados talibán que cruzaron la frontera para esconderse de las tropas de la OTAN. “Fue un atentado suicida con una bomba”, informó el portavoz del ministro del Interior paquistaní, Javed Cheema. Al cierre de esta edición ninguno de los grupos islámicos de la región se habían adjudicado el ataque.
Los familiares y amigos de las víctimas rogaban ayer que el gobierno frenara la espiral de violencia. En los últimos meses se ha vuelto una costumbre atacar los funerales de las víctimas de atentados o enfrentamientos entre las fuerzas públicas y las milicias islámicas. Las revanchas están a la orden del día y ayer no fue la excepción. El hombre al que velaban ayer era uno de los tres policías que habían muerto en la explosión del jueves en Bannu, una localidad cercana dentro de la llamada “región tribal”. La bomba había sido colocada al costado de una ruta y detonó cuando pasaba el convoy policial.
Desde 1999, cuando el presidente Pervez Musharraf dio un golpe de Estado, el gobierno paquistaní y las tribus del norte habían mantenido una especie de tregua implícita, en la que cada uno se ocupaba de controlar su territorio. Sin embargo, la toma de la Mezquita Roja a mediados del año pasado en el corazón de la capital paquistaní rompió el acuerdo y encendió una guerra abierta, que ya se cobró más de 500 víctimas en lo que va del año.
Este clima de violencia empeoró aún más con la declaración del estado de emergencia a fines del año pasado y el enfrentamiento total entre Musharraf y la oposición, y algunos sectores respetados de la sociedad, como las organizaciones de abogados. Tanto el partido de la fallecida Benazir Bhutto como el del ex primer ministro Nawaz Sharif, que en las próximas semanas formarán un gobierno de coalición, acusan al gobierno de fomentar e incluso participar de los constantes ataques, entre ellos el de la propia Bhutto.
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