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Desde México, DF
El atentado en Michoacán cobró ayer un cariz binacional, cuando todos los gobernadores del país y el jefe de gobierno del Distrito Federal coincidieron en exigir que Estados Unidos detenga la venta indiscriminada de armas de guerra en 10 mil puntos fronterizos de ese país con México.
La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, en nombre de los 32 gobernadores del país, planteó frente al presidente Felipe Calderón la necesidad de un pronunciamiento oficial para que Estados Unidos detenga la venta de armas que luego cruzan la frontera de forma ilegal para terminar en manos del crimen organizado. Entre el material bélico que se vende en negocios abiertos al público hay granadas como las que estallaron el lunes pasado en Morelia, lo que fue calificado por la gobernadora perredista como “indignante”.
En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, encabezado por Calderón, Amalia García recordó a Estados Unidos su obligación de contribuir a solucionar el problema y consideró “penoso” y “grave” que las autoridades estadounidenses consideren un derecho que sus ciudadanos puedan adquirir armas de guerra.
En su turno, Calderón no hizo referencia a este reclamo de los mandatarios y se limitó a reseñar los “logros” de su administración en el combate contra el crimen organizado desde la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia y a insistir en llamados a la unidad. Según Calderón, México vive un “momento de definiciones históricas, lo que hagamos o dejemos de hacer después de este 15 de septiembre marcará para siempre la forma en la que los mexicanos del futuro recordarán este momento de nuestra historia”.
En el colmo del ridículo gubernamental, la administración de Calderón autorizó pagar recompensas hasta por 5 mil pesos (menos de 500 dólares) a quien aporte información que sirva para la captura de líderes de organizaciones criminales, liberación de personas víctimas de secuestro o el desmantelamiento de células de la delincuencia organizada. En contraste, Colombia anunció el jueves una recompensa equivalente a 55 mil dólares por información que conduzca a localizar a los autores de un atentado en Bogotá, similar al ocurrido en Morelia.
Mientras esto ocurría en la residencia oficial de Los Pinos, donde también se aprobaba la “Estrategia Nacional de Combate al Delito de Secuestro”, en Morelia las fuerzas armadas y la policía federal y estatal iniciaron un operativo para reforzar la vigilancia en el estado con unidades militares.
Pero los estragos del atentado del 15 de septiembre han tocado a todo el país y, uno tras otro, los eventos públicos son cancelados.
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