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Desde México, D. F.
En medio de un proceso legislativo para reformar el sistema de justicia en México, que incluyó ayer la aprobación de una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a emitir leyes generales contra el secuestro y crimen organizado y una propuesta para restablecer la pena de muerte (ver aparte), Estados Unidos reconoció que el narcotráfico suele contar con una organización superior para realizar sus operaciones criminales internacionales a la de los gobiernos de México y de su propio país, según aceptó el embajador Antonio Garza.
Durante la firma de la Carta de Acuerdo que establece la transferencia de los primeros equipos y tecnología que adquirirá el gobierno estadounidense, y que serán propiedad del gobierno mexicano, lo que libera la primera partida de recursos por 197 millones 175 mil dólares de los 400 millones aprobados para la Iniciativa Mérida, el embajador estadounidense aceptó el miércoles que “a veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos transnacionales mejor que las autoridades de nuestros dos países”.
Aunque la capacitación de personal mexicano se iniciará en los próximos días, el equipo de tecnología de punta será entregado a México durante el primer trimestre de 2009, pues ni siquiera ha iniciado el proceso de compra en Estados Unidos. Esta primera fase servirá para ejecutar 29 programas de seguridad en México, a cargo de seis dependencias, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Aduanas.
La liberación de estos recursos ocurre en medio de un proceso legislativo en el que ya se ha aprobado una reforma penal para castigar con 4 a 15 años de cárcel a funcionarios u otras personas responsables de filtrar información clasificada en el ámbito de la seguridad nacional, luego de que una investigación revelara la infiltración del narcotráfico en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Interpol y hasta la embajada de Estados Unidos.
Por su parte, las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos pretenden convertir en testigos protegidos a ex altos funcionarios de la Siedo y de la Policía Federal Preventiva que han sido arraigados o están sujetos a proceso en tribunales mexicanos como parte de la llamada Operación Limpieza.
Por lo pronto, senadores del PRI y del PRD frenaron una iniciativa de la administración de Felipe Calderón para crear una superpolicía facultada para realizar actividades de investigación, verificar diligencias, recibir denuncias y solicitar al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes informes y documentos para fines de averiguación de delitos y otras competencias, lo que crearía “un Estado policíaco” y abre la puerta para desapariciones forzadas a manos de la propia policía.
Lo que sí se aprobó ayer en la Cámara de Diputados fue una reforma al artículo 73 de la Constitución, la que faculta al Congreso a emitir leyes generales contra el secuestro y crimen organizado. Los legisladores adelantaron que en el próximo período ordinario de sesiones, que inicia en febrero, podrían empezar a legislar en la materia.
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