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Desde Brasilia
“Espero que el gobierno ilegítimo de Honduras sea bien interino, lo más interino posible”, se despachó ayer Marco Aurelio García. Es sabido que las declaraciones de García expresan mejor que las de ningún funcionario brasileño el parecer del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El hombre al que Lula ha confiado misiones poco menos que imposibles (participar del fallido rescate de Ingrid Betancourt en 2008 o parar, aquí con éxito, la masacre ordenada por el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, 2003) ahora tendría como tarea trabajar, discretamente, en la costura de acuerdos a fin de que el consenso hemisférico contra el golpe de Estado se traduzca en acciones eficaces para que Roberto Micheletti abandone el poder.
Brasil está en la línea de frente de la crisis hondureña debido a diversas circunstancias. Una de ellas geográfica, dado que su territorio, esto es la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, es objeto de intimidaciones y hostilidad por los militares que sitiaron el predio desde hace una semana cuando allí se refugió el presidente constitucional Manuel Zelaya. Por cierto nunca Brasilia había asumido un protagonismo tal en un acontecimiento político centroamericano, síntoma de la musculatura diplomática y económica (creciente presencia de inversores brasileños en El Salvador y Panamá, por ejemplo) adquirida por Brasilia en siete años de gestión lulista.
En una amenaza apenas velada, Roberto Micheletti emplazó a Lula para que definiera en 10 días, a contar del sábado, el status con que el gobierno brasileño albergó a Zelaya en la embajada, tras lo cual prometió podrá adoptar “medidas”, entre las que no se descarta la invasión del recinto.
El canciller Celso Amorim alertó ayer sobre el riesgo cierto de que el ejército hondureño viole la “integridad” de la legación diplomática, algo que reconoce pocos antecedentes históricos, dado que ni las dictaduras sudamericanas de los ’70 se atrevieron, en general, a transgredir la Convención de Viena de 1961.
“El ultimátum (de Micheletti) a Brasil denota, además de un total desconocimiento sobre derecho internacional... un estado de sordera” sobre la desaprobación externa que ha merecido la asonada del 28 de junio, cuando fue depuesto Zelaya, sostuvo el canciller brasileño.
El titular de Exteriores telefoneó ayer a su par norteamericana, Hillary Clinton, y al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quienes transmitió un mensaje directo: la situación hondureña puede deteriorarse aún más y merece una respuesta contundente de la comunidad internacional a través de un “mayor envolvimiento de la ONU”.
Y es que allí está uno de los puntos de desacuerdo entre Brasilia y Washington. Mientras el gobierno de Lula puja para que el Consejo de Seguridad de la ONU tome cartas en el asunto, la gestión demócrata prioriza a la Organización de Estados Americanos.
Esa discrepancia de método diplomático lleva consigo otra, más política: mientras Washington censura el retorno de Zelaya a su país, como lo afirmó ayer su embajador ante la OEA, Lewis Amselem, Brasil lo reivindica como presidente constitucional y, además, considera legítimo que haya vuelto a su país, según declaró Lula.
En rigor Brasil aún aguarda un comportamiento más resuelto de la Casa Blanca ante el régimen hondureño. “Si Estados Unidos decidiera aplicar sanciones mayores a Honduras, eso tendría un impacto muy fuerte” sobre la “dictadura”, pero eso aún no ocurrió, lamentó el consejero de Lula, Marco Aurelio García.
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