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La conmoción en México por el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, uno de los actores políticos más oscuros de las últimas dos décadas, no es ninguna exageración. Si bien alejado del poder, e incluso distanciado del presidente Felipe Calderón, ha sido una pieza clave de los procesos políticos que ha vivido el país en los últimos 22 años.
Fernández de Cevallos fue un personaje decisivo para legitimar en el poder al presidente Carlos Salinas de Gortari, acusado de cometer fraude electoral contra el candidato izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988.
Como legislador, cabildeó para impedir la apertura de los paquetes electorales de ese año y posteriormente votó por destruir toda la documentación de esos comicios, lo que borró toda huella de la usurpación del poder. Estas maniobras las repitió 18 años después para hacer que las autoridades electorales del país le dieran el triunfo a Felipe Calderón en las todavía más controvertidas elecciones de 2006, pese a las acusaciones de fraude en contra del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Fernández de Cevallos fue el principal interlocutor de la administración de Salinas de Gortari desde la oposición, que le avaló casi todo. Así, por ejemplo, aprobó que el gobierno absorbiera la deuda de la banca comercial y la convirtiera en deuda pública. A cambio, consiguió que el PAN empezara a ganar gubernaciones en 1989, lo que abrió la puerta a ese partido para alcanzar la Presidencia de la República en 2000.
Político de altos vuelos, temible orador, abogado exitoso y reiteradamente acusado de cometer prevaricato en su propio beneficio, lo que le ha permitido amasar una gran fortuna personal, Fernández de Cevallos está hoy alejado de la presidencia de Calderón, con quien ha tenido fuertes divergencias. Aun así, su influencia alcanzó para colocar a dos de sus socios en su despacho jurídico en puestos claves de la administración calderonista: el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el procurador General de la República, Arturo Chávez. Ambos trabajaron en el despacho jurídico de Fernández de Cevallos, especializado en juicios civiles y mercantiles, aunque también toma casos penales. Fernández de Cevallos fue vinculado entre 1994 y 1997 como abogado de Amado Carrillo Fuentes, el principal narcotraficante de la época. El panista era representante legal del hospital privado donde murió “El Señor de los Cielos” en una supuesta fallida cirugía plástica para modificar su rostro, y hasta de la funeraria donde fue velado. También era apoderado legal del Grupo Financiero Anáhuac y su principal accionista, Jorge Bastida, prestanombre del cabecilla del cártel de Juárez.
Hace tres años, el actual procurador general de la República se integró al bufete de Fernández de Cevallos para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una indemnización de 1500 millones de pesos (más de 100 millones de dólares de la época) a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas. La demanda la ganaron hace casi un año, cuando el propio Fernández de Cevallos era senador y encabezaba la comisión legislativa que avaló el fallo que le significaron una ganancia de no menos de 40 millones de dólares.
La entonces senadora María Luisa Calderón Hinojosa, hermana del hoy presidente, presentó una propuesta de reforma constitucional para instaurar un régimen de incompatibilidades para los legisladores. El objetivo era transparentar su gestión y evitar el tráfico de influencias y otras prácticas irregulares, una ley que fue conocida como ley antidiego, que establecía la prohibición a senadores y diputados de litigar contra el Estado. La propuesta está detenida desde entonces.
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