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Assange desde el balcón de la embajada. Acorralado acorralador. Ahora es el abanderado del sagrado derecho al asilo político y su aliado es el floreciente bloque de países latinoamericanos. Los gestos se van encadenando. Primero Assange se refugia en la embajada ecuatoriana para que no lo extraditen a Suecia. Después Gran Bretaña amenaza con violar la inmunidad diplomática de la embajada ecuatoriana. Después Ecuador le concede asilo en la embajada al fundador de Wikileaks. Siguen los gestos. El canciller ecuatoriano muestra la carta de los ingleses y dice que Ecuador no es ninguna colonia. El presidente Rafael Correa agrega que Ecuador no se va a arrodillar ante Gran Bretaña. Siguen los gestos. En orden cronológico, apoyos de Perú, Argentina, votación en la OEA, comunicado de los países del ALBA, más tarde vendría el apoyo del bloque sudamericano de la Unasur.
No se anima a pisar el balconcito del entrepiso de la embajada ecuatoriana porque tiene una fila de policías parados abajo suyo, a menos de tres metros, listos para agarrarlo si por casualidad se llega a caer. Para estar más tranquilo habla con el micrófono en el balcón, pero desde un pasito adentro del edificio. No se hace el lumpen ni tampoco el canchero, prefiere un look de ciudadano respetuoso. Camisa celeste planchada, corbata abrochada hasta el último botón. Tiene policías parados a menos de tres metros, pero tiene a Baltasar Garzón, a Correa, a América latina toda, y una nueva causa: el derecho al asilo.
Habla diez minutos. Agradece a quien corresponde. Nombra uno por uno a los países de América latina. Se solidariza con las Pussy Riot, el grupo punk que acaba de ser condenado en Rusia, por cantar en contra de Putin en una catedral. Dice que está en guerra con los que quieren censurar la libertad de expresión.
Acorralado acorralador acaba de avivar el debate sobre libertad de expresión en una región donde los medios tradicionales están bajo ataque y en un país como Ecuador, donde el diario que recibió los Wikileaks, El Universo, fue condenado a pagar una multa multimillonaria por publicar un editorial que criticaba al presidente.
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