Una de las iniciativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra la violencia acaba de tomar cuerpo. Según una normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) cualquier ciudadano que entregue un arma en su posesión a la policía será indemnizado. La cuantía depende de la calidad del arma. El gobierno se ha comprometido a no pedir cuentas a quienes entreguen sus armas sobre el uso anterior de las mismas.
Según los sondeos, uno de los motivos de muerte en Brasil, el quinto país más violento del mundo, con 40.000 asesinatos al año por armas de fuego, es la facilidad con la que cualquier ciudadano puede poseer un arma. El gobierno piensa recoger desde ahora hasta el 23 de diciembre, plazo máximo para la entrega de las armas, una media de 80.000 armas, tanto nuevas como viejas.
La remuneración del gobierno va de 100 reales (33 dólares) a 300 reales (100 dólares), según el tipo de armas. Por ejemplo, una pistola de calibre 22 serán 100 reales; un revólver 357 Magnum, 200 reales, y un fusil de 7 milímetros, 300. El gobierno se compromete a que las armas sean destruidas antes de 48 horas de la fecha de su entrega. La única preocupación es que, sobre todo en las favelas, los narcos ofrezcan a los ciudadanos una cantidad muy superior por dichas armas.
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