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País pobre, precio de ricos. Ese es el esquema de la industria farmacéutica que opera en Bolivia. El cálculo es sencillo. Una mujer boliviana que trabaja como empleada doméstica o niñera durante un día o una noche (por ejemplo, desde las siete de la tarde hasta las diez de la mañana del día siguiente) cobra entre 30 y 40 bolivianos (4 o 5 dólares). Si tiene un hijo enfermo, con vómitos o problemas estomacales, un remedio de venta libre, sin receta, cuesta 46 bolivianos. Es el precio del Emoril, un medicamento elaborado por Laboratorios Droguería Inti S.A. bajo licencia y control de Roemmers Argentina. El problema radica en que la molécula de Emoril, es decir, el mismo medicamento, cuesta en París 2,90 euros, lo que equivale a 29 bolivianos, a lo que se suma que el PBI francés es varias veces superior al boliviano.
“Es una mafia en manos de laboratorios norteamericanos, chilenos, brasileños y europeos”, dice un doctor del Colegio Médico de Bolivia, que insiste en esconder su nombre. “Los precios de los medicamentos no están controlados y, por lo general, quedan fuera del alcance de los estratos más pobres”, dice un informe de la Organización Panamericana de la Salud, que estima que un 30 por ciento de la población no tiene acceso alguno a los remedios.
Si bien hay un mercado de genéricos, éste es muy pequeño y de acceso limitado, obstaculizado además por una alianza implícita entre laboratorios, médicos y farmacéuticos: “Los médicos recetan generalmente medicamentos con marca, los genéricos se consiguen sólo en instituciones públicas de salud (cajas, policlínicos gremiales, etc.)”, dice una farmacéutica del barrio paceño de Sopocachi que admite que su farmacia no vende genéricos. El problema es que las cajas de seguro social y el sector público sólo representan el 20 por ciento del gasto en medicamentos, cuyos precios siguen un esquema de “libertad vigilada”.
Otra política para facilitar el acceso a los medicamentos, como la Central Nacional de Abastecimientos (Cenas), que adquiere en el mercado internacional medicamentos a bajo precio y los distribuye y comercializa en el sector público, fue fagocitada por la corrupción. “Se sospecha que las cadenas de farmacias que se fueron creando, por personas vinculadas a la política, se beneficiaron del tráfico de estos remedios”, dice un periodista especializado que mantuvo su nombre en reserva. El único seguro que parece funcionar con cierta eficacia es el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que provee medicamentos gratuitos.
Así, para muchos bolivianos el único refugio es la medicina “tradicional”, de los curanderos y las brujas o, simplemente, dejar avanzar enfermedades muchas veces fácilmente prevenibles y curables.
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