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La Asamblea Constituyente logra reunirse en un liceo militar, a pocos kilómetros de la capital de la república. Aprueba, en grande, la nueva Constitución Política. Pero el lugar está asediado por turbas que tratan de forzar el resguardo policial. Los constituyentes que asistieron a esa sesión deben retirarse custodiados, hasta Potosí.
Mientras tanto, la violencia se desata. Un muerto, dos muertos en Sucre. El gobierno retira la fuerza policial, buscando que se calme la situación; empero, los violentos se ensañan contra varios cuarteles policiales en los que queman vehículos y las mismas oficinas. Uno de los vehículos de un dirigente opositor, que se dirigía a Sucre, es detenido y se descubre una metralleta UZI. En Santa Cruz, sus pares lanzan cachorros de dinamita contra varios locales; de noche, irrumpen en las oficinas de una repartición pública, rompen vidrios y destrozan muebles. El comité cívico, que preside Marinkovic, declara la guerra culpando al gobierno por la violencia que ellos desataron y convoca a un cabildo para informar, a sus partidarios, que no habrá paz mientras continúe el actual gobierno.
El presidente Evo Morales, en La Paz, llama a la calma. Anuncia que se hará una investigación y se castigará a los culpables. Destaca la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, y señala que la palabra final es del pueblo y se expresará en referéndum.
Tales son los hechos escuetos de este negro fin de semana. No obstante, los medios masivos de comunicación dan otra visión: la misma que el Comité Cívico pro Santa Cruz, encabezado por Branco Marinkovic.
Las mismas caras: en 1953, antes que se cumpliese un año de la Revolución Nacional –dirigida por un MNR que entonces buscaba el cambio–, los grupos reacios comenzaron a provocar violencia, culpando al gobierno de sus sangrientas acciones. Esta actuación continuó los siguientes años y sólo cesaron cuando el MNR se desvió del proceso de transformaciones.
En el año 1959, la Revolución Cubana concitó las mismas reacciones y la violencia se enseñoreó en la perla del Caribe. Desde la Casa Blanca, todos los presidentes de Estados Unidos han propiciado, financiado, dirigido y, muchas veces, operado directamente los más graves delitos.
Cuando en Chile, en el año 1970, Salvador Allende asumió la presidencia, las damas del barrio alto orquestaron manifestaciones que permitían que jovenzuelos adiestrados se lancen contra los pobladores que clamaban por el cambio, blandiendo cadenas, golpeando con manoplas y revoleando cinturones de gruesa hebilla. Así crearon las condiciones para el nefasto golpe de Pinochet.
El triunfo de la Revolución Sandinista, en la Nicaragua de 1979, fue otra experiencia en que se cebó la violencia financiada desde la misma fuente administrada por el embajador Negroponte. Las “operaciones encubiertas”, en las que mataban campesinos, estudiantes y cuanta gente trabajaba por el cambio, fueron una constante hasta que desgastaron a la dirección revolucionaria.
La Venezuela de estos años sigue mostrándonos la misma cara criminal de los que se oponen al cambio. El presidente Hugo Chávez enfrenta, casi cada día, la sedición de una derecha cavernaria que no se detiene ante ninguna consideración. Incluso fue víctima de un golpe de Estado, frustrado por la rápida movilización popular. Aun después de tan grosera transgresión, el presidente Chávez se avino a demostrar en una consulta popular (pese a cinco o seis anteriores consultas) que lo respaldaba una mayoría que, cada vez, es mayor.
* Fragmentos del texto del senador boliviano difundido por Alai Amlatina.
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