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Moisés Maionica es un joven regordete, de tez clara y andar pesado. Con su mameluco ocre de preso, esposado de manos y pies, no parece lo que era hasta quedar detenido en Miami por el affaire de la valija: un exitoso abogado, consultor, auditor económico y operador empresario muy cercano al ex vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez. Maionica es el único arrepentido entre los acusados del caso Antonini en Estados Unidos. Se declaró culpable de haber actuado como un agente ilegal del gobierno de Venezuela para encubrir la verdad sobre los famosos 800 mil dólares. Su decisión de colaborar a cambio de una pena reducida no parece casual. Allí lo conocen bien, según pudo saber Página/12, ya que mientras cultivaba su ascendencia sobre el poder bolivariano también representaba a la proveedora estrella de equipos de identificación de huellas dactilares que surte al Departamento de Justicia, al FBI y las policías de al menos quince estados. La empresa, Cogent Systems Inc., es dirigida por ex agentes federales y un ex secretario de Donald Rumsfeld en el Pentágono.
Cogent es una poderosa compañía con sede en California especializada en “biometría”, o sea la fabricación de sistemas de seguridad basados en el reconocimiento de huellas digitales y rasgos faciales. Sus principales clientes son fuerzas de seguridad y sistemas electorales. Maionica era representante legal de la firma al momento de su arresto, según confirmó este diario. En ese papel, tal como ha difundido la oposición venezolana, consiguió vender los sofisticados aparatos al Comando Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, cuando estaba a cargo de Rodríguez. En ese país los votantes tienen que dejar la marca de su pulgar antes de entrar en el cuarto oscuro. Aquel negocio con el chavismo parece mínimo al lado de la gigantesca lista de organismos de seguridad que compran tecnología a Cogent en Estados Unidos. Esa lista se exhibe con orgullo en la página web de la empresa, que informa que sus ingresos en 2007 alcanzaron los 105,8 millones de dólares.
El elenco de directivos con los que trabajaba Maionica puede explicar, en parte, el éxito. Su vicepresidente, James Jasinski, trabajó para el FBI de 1978 a 2000. El año pasado fue uno de los panelistas vedette en Buenos Aires en el Segundo Congreso Internacional de Biometría. Su currículum recuerda que tuvo el máximo cargo en compras y contrataciones del FBI, donde desarrolló un sistema de identificación de huellas. Jasinski, además, estuvo vinculado a Dyncorp, una de las empresas de seguridad contratadas por el Departamento de Estado que reclutan mercenarios y realizan operaciones sin control en otros países, como Colombia. Michael Hollowick, otro directivo, venía de una empresa ligada al Pentágono que actúa en Colombia como Microwave Systems.
El director principal de Cogent, John Stenbit, surgió de las entrañas mismas del Pentágono en la administración de George Bush. Fue un poderoso asistente del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y responsable del área conocida como Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia. En Argentina, en 2005, Cogent se asoció con Ciccone para la licitación de sistemas lectores de huellas. Esa unión resultó de las gestiones del lobista Eugenio Pallarés, ex asesor empresario de la embajada de EE.UU., que además consiguió que el gobernador californiano Arnold Schwarzenegger mandara una carta para influir sobre el ex presidente Néstor Kirchner. Pese a los buenos oficios, ganó la empresa Nec.
Maionica, por su lado, tenía esparcidos sus intereses. Trabajó para Smartmatic, que le vendió el sistema de voto electrónico a Venezuela y que, según El Nuevo Herald, en abril de 2005 le pagó al ex vicepresidente Rodríguez un viaje a un lujoso resort de Boca Ratón. Rodríguez era la máxima autoridad electoral y la estadía con todo pago se produjo dos meses antes de la aprobación de un millonario contrato con la empresa.
Según la investigación norteamericana, el abogado Maionica, de 36 años, hijo del ex titular de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, fue el operador elegido por el gobierno venezolano para montar el encubrimiento de la historia de la valija que le incautaron a Guido Antonini Wilson al aterrizar en Buenos Aires el 4 de agosto en un avión privado alquilado por Enarsa. El FBI y el fiscal adjunto de Miami Thomas Mulvihill presentaron filmaciones, grabaciones y documentos de donde surgiría que Maionica participó de por lo menos cuatro reuniones y ocho conversaciones con Antonini tendientes a presionarlo para que ocultara el origen y destino de los 800 mil dólares que intentó ingresar en la Argentina sin declarar. En algunos de esos contactos, según la acusación, afirmó que seguía directivas de la vicepresidencia y de la dirección de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, la Disip. También dijo que la petrolera Pdvsa podía costear sus gastos derivados del escándalo y fue nexo para el encuentro entre Antonini y un agente, Antonio José Canchica Gómez, que está prófugo.
Los otros acusados son dos ex socios y amigos de Antonini, los venezolanos Franklin Durán y Carlos Kauffmann, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. Se les imputa haber actuado como agentes ilegales (no registrados en Estados Unidos) y conspirado para callar al valijero, lo que les puede costar 15 años de cárcel. En las primeras audiencias, el fiscal Mulvihill llegó a decir que lo que se pretendía ocultar, según dichos de Durán, era que el dinero de Venezuela era para la campaña de Cristina Kirchner y que llegaron a ofrecerle 2 millones de dólares a Antonini a cambio de su silencio. Después de los últimos acercamientos entre Argentina y Estados Unidos, dejó de mencionar ese asunto.
El sistema norteamericano otorga a los imputados la opción de declararse culpables, colaborar con la investigación y obtener una pena reducida. Antonini, que usa pasaportes venezolano y norteamericano, se anticipó incluso a la posibilidad de ser un sospechoso buscado por Estados Unidos tras el episodio en Aeroparque. Sospechoso cantado en Argentina, de donde se fue antes de que a alguien se le ocurriera buscarlo, se ofreció ante el FBI para hacerles morder el anzuelo a sus amigos y aliados, que terminaron presos. Lejos de ser acusado, es un testigo central. Maionica fue de los que pisaron el palito y quedó registrado por micrófonos y cámaras ocultas. En enero se declaró culpable y admitió haber actuado bajo instrucciones chavistas. Ahora colabora a cambio de “la menor pena posible”, según el acuerdo que firmó con Mulvihill. Sus primeros “aportes” hicieron que el uruguayo Wanseele Paciello –que estaba a punto de recuperar la libertad bajo fianza– quedara preso hasta el juicio ya que confirmó su vinculación con la Disip. Maionica consiguió que el gobierno estadounidense se comprometiera a concederle una visa S de residencia no permanente para cuando salga en libertad, si evalúan que su aporte fue útil. A él le ahorraría ser deportado a Venezuela, donde difícilmente sea bien recibido. De aquí a junio, cuando se haría el juicio oral, será el personaje más temido de la película.
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