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El juez federal Norberto Oyarbide aseguró en una breve resolución que cuenta con pruebas para suponer que dentro de la Cancillería funcionaba una “asociación ilícita” dedicada a la importación de autos de lujo libres de impuestos con el uso irregular de franquicias diplomáticas. Así se lo hizo saber al fiscal Patricio Evers, a quien le pidió opinión antes de tomar cualquier otra decisión de peso en el expediente, como nuevos llamados a indagatoria.
Por ahora sólo está citado para declarar como sospechoso (aunque sin fecha) Jorge Matas, que era el jefe del Departamento de Franquicias. Pero según el sumario interno que está llevando a cabo la Cancillería, hubo otras personas que actuaron en forma coordinada en los trámites de franquicias diplomáticas para la importación de los autos a mitad de su valor, que eran nacionalizados antes del tiempo permitido y vendidos a precio de mercado. Una de las empleadas señaladas es la ex secretaria de Matas, Cristina Rodríguez, que lleva 35 años en el Palacio San Martín. Otra es su hija Marisol Santander Rodríguez, empleada del mismo sector, y un tercero es Roberto Barrios, de la mesa de entradas.
Al declarar dentro de la auditoría, las Rodríguez habrían admitido tener un parentesco cercano con Pablo Rodríguez, imputado como uno de los intermediarios en la maniobra. Sería primo de una de ellas. Otros empleados del ministerio que dieron testimonio dijeron que el gestor solía frecuentar y mantener reuniones en las oficinas de Franquicias. Rodríguez actuaba en representación de las embajadas de Rusia, Bielorrusia y Cuba. Se le atribuye la nacionalización de al menos siete de los 98 vehículos bajo sospecha. Uno de ellos era el Audi A4 que se detectó en manos de la esposa del propio Matas.
Matas, un diplomático de carrera que tenía un puesto en Cancillería desde 2004, era el que ponía su firma en los documentos; las Rodríguez sincronizaban los trámites y habrían sido las encargadas de ajustar fechas y sellos para aparentar que, por ejemplo, se cumplía con los nueve meses establecidos para poder vender un auto diplomático luego de su ingreso en el país, cuando en realidad la operación se cocinaba de antemano. A menudo, para que pudieran circular sin problemas, a los compradores se les conseguía un poder oficial de alguna embajada. El mismo Rodríguez es investigado en otra causa donde se descubrió que utilizaba un poder otorgado por la Cancillería a solicitud de la embajada rusa. Todavía están en estudio las responsabilidades de diplomáticos extranjeros.
Oyarbide, según pudo saber Página/12, apunta a citar a indagatoria a las Rodríguez, a su pariente gestor y a Barrios, pero antes quiere conocer la postura del fiscal Evers, que ayer estuvo hasta tarde trabajando en un dictamen que probablemente presentará el lunes. Hasta ahora, la fiscalía sostenía que el delito en juego no estaba claro, pero que podía ser cohecho (coimas) e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que son excarcelables. Con los nuevos detalles aportados por Cancillería, evalúa aplicar asociación ilícita y pedir indagatorias. Este delito es más grave, ya que fija de 3 a 10 años de prisión, aunque difícilmente los imputados sean detenidos antes del juicio.
Mientras Oyarbide avanza sigue sin quedar resuelto el conflicto de competencia con el juzgado penal económico de Jorge Brugo, que investiga los mismos hechos como un delito todavía más grave, el contrabando agravado, que sí podría derivar en alguna detención. No se descarta que Brugo pronto también firme citaciones.
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