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El penal de Marcos Paz, donde están alojados militares y policías represores, tendrá nuevos internos. El juez federal Hugo Sastre procesó a cinco marinos retirados por la Masacre de Trelew, en la que fueron fusilados diecinueve guerrilleros el 22 de agosto de 1972. A partir del encuadramiento de los crímenes como “delitos de lesa humanidad”, les ratificó la prisión preventiva y dispuso embargos de más de dos millones de pesos a cada uno. Los oficiales Luis Emilio Sosa, Emilio
Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y el suboficial Carlos Amadeo Marandino, fueron señalados como “probables autores materiales, penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio premeditado”. El contraalmirante Horacio Alberto Mayorga, será juzgado como “cómplice necesario” por “haber dictado las normas generales” para el trato de los presos. En los considerandos del fallo, el juez destacó “la falta de colaboración y disposición a la que el Tribunal se ha visto sometido, por parte de la Armada Argentina durante los pasos de esta difícil investigación”.
En la última carilla de la resolución de 44 páginas, el juez federal de Rawson, Chubut, dispone el traslado y alojamiento de Sosa, Paccagnini, Del Real y Mayorga al penal de Marcos Paz. Tras una minuciosa enumeración del testimonio de testigos y fusiladores, Sastre desarmó el relato oficial de la Armada que durante casi treinta y seis años justificó la masacre en un supuesto intento de fuga.
El 15 de agosto de 1972 se había producido la fuga de 25 presos de distintas organizaciones armadas del penal de Rawson. Los seis que integraban la conducción de ERP, Montoneros y FAR lograron abordar un avión de línea en el viejo aeropuerto de Trelew y llegaron a Santiago de Chile. Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna terminaron en Cuba. Los otros 19 llegaron cuando la nave ya estaba decolando, tomaron de rehenes a pasajeros que estaban en el aeropuerto. Intervinieron los militares apostados en la Base Naval Almirante Zar. El capitán Luis Sosa,a cargo de las tropas se puso al frente de las negociaciones, quienes se entregaron ante la presencia del entonces juez federal Alejandro Godoy y de un médico.
Sosa les había dado su “palabra de honor”: serían llevados nuevamente al penal de Rawson. El compromiso se diluyó apenas los subieron a un micro de la Marina. Por orden superiores fueron llevados a la base naval. El 22 de agosto, Sosa acudió al lugar donde estaban los prisioneros “aproximadamente entre las 2.30 y las 3.30 horas, en compañía del teniente Bravo, Emilio Del Real, entre otros, y luego de que abrieran las puertas de las celdas se abrió fuego contra los detenidos”, señaló el juez en la resolución. “La versión que ha transmitido el imputado Sosa, sólo tiene asidero en sus propios dichos”, advirtió el juez al desestimar la supuesta agresión que habría sufrido el oficial y que, en la versión oficial, había sido el detonante del fusilamiento.
“Ninguno de los imputados convocados por este tribunal, y que estuvieron presentes en el momento del hecho, hasta ahora ha manifestado que Sosa fue agredido –Del Real no declaró y Marandino le atribuyó a Sosa haber disparado una ametralladora PAM contra los detenidos. En sus declaraciones Paccagnini (jefe de la Base Naval en aquel momento) y Mayorga (responsable máximo del área), repiten lo que Sosa les dijo, el primero por lo que éste le contó y el segundo por lo que el entonces Jefe de Base le expresó. así se desprende de sus respectivas declaraciones indagatorias. Esta hipótesis no es otra que la semilla que diera origen a la explicación oficial dada a conocer por la Armada Argentina y que sostuvo el gobierno de facto, a través del presidente Alejandro Agustín Lanusse en esa época”, sintetizó el magistrado.
El Mayorga insistió en su declaración ante el juez en que el fusilamiento es “una falsedad propagandística” porque en ese caso no hubiera habido sobrevivientes. El contraalmirante fue procesado como partícipe necesario por haber sido el responsable de ordenar medidas de “máxima seguridad” al capitán Paccagnini. “Se recurriría a las armas aún cuando hubieran tomado rehenes para facilitar el canje”, dijo el alto oficial que llegó a denunciar que se habría pagado a algún suboficial para denostar a la Marina.
El único de los imputados que sigue prófugo es el teniente de navío retirado Roberto Bravo. Página/12 reveló que Bravo vive en Florida, Estados Unidos, es dueño de RGB Group Inc, firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de ese país. A través de sus abogados, Bravo se mostró dispuesto a declarar en los Estados Unidos y repitió la versión oficial.
El cabo Marandino dijo en su declaración que dos oficiales en actividad de la Marina, Juan Martín Poggi y Angel Vázquez, lo citaron al Edificio Libertad en octubre pasado para ponerlo al tanto de su situación en la causa por la Masacre de Trelew. Ambos capitanes fueron interrogados por el juez Sastre y ratificaron que se reunían institucionalmente con todos los camaradas involucrados en “delitos de derechos humanos”. Página/12 informó sobre el funcionamiento de ese, conocido en la jerga, “Grupo de contención”y por decisión del Ministerio de Defensa todos los ocupados de esas tareas fueron pasados a retiro o a disponibilidad (ver aparte).
El fallo de Sastre señaló que “familiares de las víctimas sufrieron la persecución en los años sucesivos, como también sus abogados defensores, debiendo algunos exiliarse y otros siendo eliminados como el caso de la familia de Mariano Pujadas (uno de los presos fusilados)”. El juez también destacó la actitud cómplice de la Armada que “a Bravo, Sosa, Del Real, Herrera y Marandino, se los cambió de destino en forma repentina (...) Y llama la atención que en el caso de los dos primeros y de Marandino, se los haya enviado a la Agregaduría Naval de la embajada argentina en los Estados Unidos, país en el que Bravo y Marandino hicieron su vida desde hace treinta y cinco años, regresando solamente Sosa (...) Llama la atención que Marandino, luego de obtener el retiro, haya sido contratado por la propia Agregaduría Naval, desempeñando funciones como chofer hasta hace aproximadamente dos años (...) Estos datos son indicativos de la protección brindada a los imputados, otorgándoles un manto de impunidad durante todos estos años”.
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