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El ex director de Franquicias de la Cancillería, Jorge Matas, va camino a convertirse en visitante frecuente de los tribunales federales. Ya tiene un llamado a indagatoria del juez Norberto Oyarbide en la causa sobre la importación irregular de autos con franquicias diplomáticas y en los próximos días también sería citado como sospechoso en otro expediente emparentado con la misma maniobra. En este caso, que investiga el fiscal Gerardo Pollicita, a Matas se lo acusa de haber permitido que Pablo Rodríguez, uno de los intermediarios del negocio, circulara en vehículos con chapa diplomática pese a no tener ese estatus.
La nueva citación para Matas sería impulsada por el fiscal Pollicita, que analiza imputarle “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, un delito excarcelable pero que complejiza su escenario judicial. Deberá avalar la medida el juez Claudio Bonadío. En la investigación a cargo de Oyarbide se estableció, a partir del sumario interno de la propia Cancillería, que Matas había tenido un papel central en el otorgamiento de franquicias diplomáticas para la importación de autos libres de impuestos destinados a embajadas y consulados. El negocio estaba en lograr la nacionalización de los coches en tiempo record, violando los plazos establecidos, para su comercialización en el mercado local. Y en conseguir los permisos para circular cuando hiciera falta.
El ex funcionario está sospechado de haberse movido en coordinación con intermediarios que arreglaban las ventas y con ciertas representaciones extranjeras. Oyarbide le atribuye una participación importante en lo que consideró como una “asociación ilícita”, un delito que siempre abre la posibilidad de derivar en prisión preventiva si el juez lo cree necesario.
La causa que lleva adelante Pollicita, en rigor, es anterior a que estallara el escándalo de los autos con una denuncia que salió de la propia Cancillería. En un comienzo, ante este fiscal, el denunciado fue Pablo Rodríguez. Edgar Omar Clementi y Gustavo Omar Clementi, que trabajaban para la embajada rusa, denunciaron que el gestor y otros dos Rodríguez utilizaban a diario autos con patente diplomática pese a no tener ese status que brinda beneficios tales como exceptuar a los vehículos de, por ejemplo, requisas.
Un hecho preciso fue el que encendió la señal de alarma: Pablo Rodríguez había retirado un auto de la embajada de Rusia que había quedado secuestrado en una causa por contrabando. Para llevárselo “exhibió una credencial extendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a su nombre que lo acreditaba como chofer y apoderado especial” de la representación rusa en el país, según relata un dictamen de Pollicita. El fiscal constató también que Rodríguez usaba ilegalmente por lo menos ocho autos diplomáticos, según allegados al expediente. Pero no sólo los traía a través de la delegación rusa, sino también de las de Bielorrusia y Paquistán. Esto también surge de la auditoría de la Cancillería.
Según pudo saber Página/12, las primeras imputaciones en esta causa no apuntarán a Rodríguez, sino a la dirección de Franquicias, y más puntualmente a Matas porque, explican los investigadores, “tenía conocimiento de que había autos diplomáticos que se usaban ilegalmente” y para eso, para peor, un particular se movía con una credencial trucha.
El juez en lo Penal Económico Jorge Brugo insistirá en reclamar su competencia en la causa sobre la importación ilegal de autos libres de impuestos con franquicias diplomáticas. Brugo considera que el delito que se habría cometido es contrabando, agravado por encontrarse involucrados funcionarios públicos. Sostiene que él debe quedarse con la causa por tratarse de un delito más grave que los que se investigan en el fuero federal. El juez Norberto Oyarbide le había notificado anteayer que no está dispuesto a desprenderse de las actuaciones porque le parece prematuro. Ahora se sorteará una sala de la Cámara en lo Penal Económico para que resuelva el conflicto entre las togas. En Tribunales prevén que la definición no demoraría, tal vez para abril ya esté todo definido. Podría ocurrir, dicen los expertos, lo mismo que en el caso Skanska: que se continúen tramitando dos causas en paralelo. Aunque nadie descarta una pronunciamiento a favor de uno u otro magistrado.
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