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Por primera vez desde que anunció que no había que perseguir a los “perejiles”, el ministro Aníbal Fernández afirmó que el Gobierno está trabajando “para despenalizar la tenencia de pequeñas cantidades para consumo”. Fue ayer, después de reunirse con el comité de expertos que analiza la modificación de la ley de drogas en la sede del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. “Es una tarea que llevará uno o dos años”, adelantó Fernández en referencia al debate parlamentario. El objetivo es descriminalizar a los usuarios y adictos a cualquier estupefaciente y asegurar el tratamiento médico para quienes lo necesiten.
“Cualquier mujer que quiera hacerse las lolas en un hospital público o en la prepaga o la obra social lo consigue, pero llevar a un hijo adicto para que sea tratado por alguno de ellos es imposible, porque no hay legislación para esta situación.” Con este paralelismo, Aníbal Fernández resumió “el primer lineamiento” del Gobierno: resolver la urgencia sanitaria. Para ello, deberá adecuar los protocolos y normas internas a la posición del Mercosur, ya que países como Brasil y Uruguay vienen trabajando bajo la óptica de la reducción de daños, mientras en Argentina las clínicas, en su mayoría, adhieren al abstencionismo.
La diferencia entre ambas posturas radica en que la primera busca alternativas para disminuir los riesgos derivados del consumo para quienes no pueden o no quieren dejar de hacerlo. La segunda es la estrategia hegemónica donde sólo existe una opción: dejar de consumir. “El adicto tiene derecho a la salud y a mejorar su calidad de vida”, aseguró el ministro y agregó que en esto “no tienen que ver jueces ni fiscales, sino los profesionales de la salud, adecuados para tratarlos”. La Justicia atiende a 12 mil usuarios promedio por año, muchos se declaran “adictos” y aceptan la probation para no afrontar una pena que va de un mes a dos años de prisión. El Estado gasta quince mil pesos por mes para mantenerlos presos. “Ese dinero –propuso el ministro– debería invertirse en lo que se conoce en el mundo como reducción de daños”.
Sin embargo, en Argentina no está penado el consumo, sí la tenencia. La situación deriva en una paradoja que puede ser fatal: hace dos meses, en La Pampa, un joven se tragó un gramo de cocaína para evitar que la policía lo detuviera. No es casualidad que uno de los slogans de los activistas pro despenalización afirme que “la prohibición mata”. En este sentido, el ministro repitió que “la policía tiene que dedicarse a encontrar a los traficantes y no a perseguir a un adicto porque se fuma un porro”. Como ha hecho cada vez que lo corren por derecha, Aníbal Fernández aclaró que el Gobierno “no promueve el consumo”.
Aunque hubo varios proyectos de ley y otros de enmienda a la norma actual, antes de presentar alguna propuesta, el Comité Científico asesor en materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja esperará hasta junio o julio cuando aparezcan los primeros resultados de la encuesta pedida al Indec sobre un total de 51.000 hogares. La idea es diagnosticar la situación y actualizar las estadísticas vigentes desde el 2005. Mientras tanto, habrá un trabajo intersectorial sobre el tema para generar un red social y sanitaria: participarán los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo.
“¿Van a utilizar algún modelo de ley de otro país?”, le preguntaron al ministro. “No compren la lata”, fue su advertencia. “Tenemos nuestra idiosincrasia, no sirve adaptar otras legislaciones. Vamos a tener que debatir porque en este tema siempre hubo mucha hipocresía. Por ahora, logramos instalar el tema”, agregó Fernández. Su planteo, repitió varias veces, es acorde a la política de derechos humanos y adelantó que “el comité va a proponer muchas reformas, entre ellas, la reforma de la ley de drogas que resultó ser un fracaso”.
Por ahora, el ministro y sus asesores en la materia se han reunido dos veces para señalar los puntos en común en sus respectivas agendas. La fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora del Comité, dijo que no hay posiciones tomadas y que todo se debate. Sólo hay “acuerdo unánime” en dos cuestiones: la desjudicialización y el tratamiento para los adictos y la despenalización de la tenencia para consumo personal. Este cambio de paradigma, que deja la lógica judicial y médica para abordar el tema interdisciplinariamente, ya encontró su primer axioma: “Política de prevención antes que represión”. Los integrantes se reunirán una vez cada quince días en el ministerio y por ahora repiten por separado y juntos –como si practicaran antes de declarar al juez– que hay que ir “poco a poco”.
Lo cierto es que esta nueva política, aseguran los especialistas, beneficiará sobre todo al 10 o 20 por ciento de las personas que consumen drogas. Se trata de los adictos en condiciones de marginalidad que al no poder acceder a un tratamiento, suelen terminar en la cárcel. Son los dobles excluidos: la sociedad los discrimina por ser pobres y su familia por drogarse.
Para los especialistas lo esencial es terminar con la estigmatización y la criminalización. Hace pocas semanas la Cámara de Casación bonaerense confirmó la condena por “tenencia para consumo” a un joven que tenía 5 gramos de marihuana. Lo hizo en nombre de la “salud pública”. Ayer, uno de los reporteros, tildado con eso de despenalizar la tenencia de “pequeñas cantidades”, le preguntó al ministro: “¿Y si alguien se va de vacaciones y compra una cantidad mayor para abastecerse?”. “No soy un iluminado, por eso convoqué al comité”, se sinceró Fernández.
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