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El país|Jueves, 20 de marzo de 2008
Nueve represores citados por el secuestro de embarazadas y niños

Los médicos de los partos clandestinos

El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó indagatorias para Riveros, Bignone y otros represores acusados por la apropiación de ocho bebés en Campo de Mayo. Entre los acusados hay cuatro médicos, que están en libertad.

Por Victoria Ginzberg
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El médico militar Atilio Bianco manejaba la maternidad clandestina del hospital de Campo de Mayo.

Nueve represores fueron citados a declarar como sospechosos por los secuestros de ocho mujeres embarazadas y sus hijos nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura. Entre los acusados convocados por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo figuran cuatro médicos. Uno de ellos es Norberto Atilio Bianco, quien ya estuvo preso por apropiarse de dos niños y ahora está viviendo en Paraguay.

La lista de los represores a quienes el magistrado citó a declaración indagatoria son Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guañabens Perelló, Osvaldo García, Santiago Mansilla, Jorge David Haddad, Raúl Eugenio Martín, Oscar Capecce y Bianco. Los cuatro primeros ya están presos por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de Campo de Mayo. Los otros cinco serían arrestados después de sus declaraciones, que empezarán el 1º de abril.

Mansilla es un policía que estaba a cargo de una comisaría de San Martín por donde pasaron niños que luego fueron secuestrados. El mismo, durante la dictadura, envió cartas a las familias de los chicos en las que aseguró que ellos estaban ahí, aunque luego no los entregó.

Los otros acusados son médicos que trabajaron en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En el sector de Epidemiología de ese lugar funcionó una maternidad clandestina que fue comandada por Bianco y por la que se estima pasaron más de 35 mujeres embarazadas. “Estamos conformes por los llamados a indagatorias resueltos por el juez, pero nos parece que se notificaron con mucho tiempo de anticipación y por lo tanto hay riesgo de que los acusados que están en libertad se fuguen”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Bianco ya estuvo en prisión, pero por la apropiación de dos menores a quienes anotó como hijos propios. Hasta ahora, no fue arrestado por su rol protagónico en el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos. Antes de ser arrestado, Bianco se refugió en Paraguay. Ahora, volvió a vivir a su viejo refugio y está ejerciendo como médico en una clínica. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen poco factible que el represor viaje a Buenos Aires, donde quedaría detenido. Pidieron que se libre orden de arresto internacional, pero el reclamo no fue escuchado. Suares Araujo tampoco se hizo eco de la solicitud de las Abuelas para que les prohíban salir del país a quienes están en libertad.

Médicos y enfermeros del Hospital Militar relataron ante la Justicia cómo funcionaba la maternidad clandestina de Campo de Mayo. La obstetra Luisa Yolanda Arroche de Sala García dijo que en 1976 y 1977 atendió entre 20 y 30 mujeres embarazadas en Epidemiología. Vio a mujeres con las manos atadas y la cara tapada. Siempre había custodios. Concepción Piffaretti fue enfermera auxiliar en Epidemiología. Aseguró que las mujeres internadas allí tenían los ojos vendados y a veces estaban encapuchadas.


Por el traslado de represores

Abogados querellantes de la causa Campo de Mayo pidieron al juez Martín Suárez Araujo el traslado a dependencias del Servicio Penitenciario de los represores con arresto domiciliario: los generales (R) Santiago Riveros, Benito Bignone, Eduardo Espósito, Jorge Osvaldo García, Eugenio Guañabens Perelló y del coronel (R) Carlos Tepedino. La prisión hogareña es una “libertad encubierta” que implica “una manifiesta desigualdad ante la ley”. Agregaron que no existen garantías de seguridad para los procesados que no están en cárceles porque la Justicia es incapaz de controlar el uso de armas. Recordaron los suicidios de Paul Navone, Emilio Anadón y el (frustrado) de Juan Azic para destacar que “el mayor potencial de riesgo se encuentra en las casas de los procesados” y advirtieron el “grave riesgo de que se produzcan nuevos homicidios, suicidios y suicidios inducidos”.

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