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La familia Macri no se desprendió por completo de sus empresas que tienen negocios millonarios con la ciudad de Buenos Aires, como la construcción de los aliviadores del arroyo Maldonado o de pasos ferroviarios bajo nivel. La venta de Iecsa y Creaurban que Franco Macri promocionó a los cuatro vientos cuando su hijo Mauricio lanzó su candidatura a jefe de Gobierno, amén de ser en favor de su sobrino Angelo Calcaterra, fue pactada en cuotas a pagar hasta 2014. En la historia de Sociedades Macri (Socma) hay más de un registro de transferencias que se firman con la mano y se borran con el codo. Pero, además, existen conexiones entre varios funcionarios porteños y las compañías del grupo. Sin ir más lejos, el secretario Legal y Técnico –es decir, quien analiza el aspecto jurídico de cada papel que Macri firma–, Pablo Clusellas, aparece como síndico de Creaurban en el último balance de esa empresa disponible en la Comisión Nacional de Valores.
Cuando Macri decidió semanas atrás reasumir la presidencia de Boca hubo mucha discusión acerca de si la Constitución porteña le permitía ocupar ese cargo. En ese caso cabía la duda porque el texto constitucional no prevé expresamente la posibilidad de que un mandatario local desempeñe en forma simultánea la conducción de un club de fútbol. Por el contrario, en el supuesto de que un jefe de Gobierno tenga a la vez una empresa no hay margen para las interpretaciones.
La Constitución de la ciudad establece para el titular del Ejecutivo, su vice y sus ministros las mismas incompatibilidades que para los legisladores. No se puede ocupar ninguno de esos cargos y, al mismo tiempo, ser “propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados”. La prohibición pesa hasta dos años después del alejamiento de la función y su incumplimiento es castigado con inhabilitación para ocupar cargos públicos en la Ciudad por diez años.
No es casual que Macri padre haya puesto tanto empeño en promocionar la venta de Iecsa y Creaurban. La vinculación de ambas empresas con Socma dejaba a su delfín expuesto a las incompatibilidades que prevé la Constitución local para el jefe de Gobierno.
Iecsa es una constructora especializada en trabajos de ingeniería y servicios, con una subsidiaria denominada Profingas. Tiene filiales en Chile, Paraguay y Europa, y hace obras de saneamiento, viales, edificios, tendidos eléctricos, de gas y de petróleo.
Creaurban se ocupa de desarrollos inmobiliarios. Entre sus mayores emprendimientos figuran las Torres Mulieris y las Torres del Yacht, en Puerto Madero.
Ambas empresas surgieron y se desarrollaron bajo el ala de Sideco, la nave insignia de Socma, que abarca todas y cada una de las compañías del grupo. Sideco estuvo presidida hasta hace unos años por el propio Calcaterra y fue la constructora del holding hasta principios de esta década, cuando Iecsa llegó a reemplazarla en ese rol.
El jefe del clan Macri anunció la transferencia del paquete accionario de Iecsa y Creaurban al hijo de su hermana Pía el 26 de febrero del año pasado. Aquel día y casi a la misma hora su heredero convocó a los medios a un basural en Villa Lugano y de la mano de una nena carenciada llamada Melina comunicó su decisión de competir por la Jefatura de Gobierno. “Pura casualidad”, fue la explicación que brindaron en Socma sobre la coincidencia.
Franco Macri dio amplia difusión a la operación. Y además de comunicarla a los medios, mandó la correspondiente notificación a la CNV el 23 de marzo de 2007.
También Calcaterra salió a promocionar la transacción. En un lugar destacado de la página web de Iecsa, y bajo el título “Una nueva etapa”, se cuenta aun hoy sobre la adquisición del “paquete accionario de la empresa constructora al grupo Socma”. Se aclara, de todos modos, que nada ha cambiado y que no habrá “una variación en el tipo de gestión, ya que la empresa continuará en la misma línea”. En el sitio de Internet de Creaurban hay un aviso similar.
La familia Macri no puso, en cambio, el mismo ahínco en divulgar los términos de la transferencia accionaria. La página 45 de la Reseña Informativa sobre las actividades de Sideco hasta septiembre de 2007 da cuenta de la “Venta de participaciones en sociedades”. Allí se consigna que el precio de venta de Iecsa y del 51 por ciento del capital social de Creaurban fue de 61 millones de dólares y se precisa: “La forma de pago se determinó en 15 millones al contado y 46 millones pagaderos en cuotas hasta el año 2014”. El pase del resto de la tenencia accionaria de Sideco en Creaurban, representativa del 18,72 por ciento del capital social, se pactó en 12 millones.
En Socma aseguraron al anunciarla que “la venta estaba prevista desde hace meses”. De la lectura de la Memoria 2006 de Iecsa se desprende que esa previsión no tenía tanto tiempo. En la página 57 de ese informe se detalla que “con fecha 20 de julio de 2006 se llevó a cabo la firma del contrato de compra-venta de acciones mediante el cual Iecsa adquirió el 10 por ciento de las acciones de Calcaterra SA, posteriormente con fecha 25 de agosto de 2006 se adquirió el 40 por ciento de las acciones de Calcaterra SA, la nueva participación accionaria de Iecsa SA es del 50 por ciento”. Dicho en otras palabras: en siete meses Macri pasó de comprarle la mitad de la empresa a su sobrino a transferirle la totalidad de las suyas que tienen negocios en la ciudad.
Ese tipo de pases no llama la atención en Socma. Según detalla su último balance disponible en la CNV, para el proyecto de las Torres Mulieris, Creaurban se asoció inicialmente con el banco Macro Bansud, pero rápidamente deshizo esa sociedad para formar una UTE con Inversora Juramento. Dos meses después el contrato de esa UTE fue modificado porque Creaurban cedió a Sideco la totalidad de su participación en ese negocio. Antes de que se cumpliera un año, todo volvió a manos de Creaurban, que más tarde suscribió un acuerdo con el Grupo Impega.
Las Torres Mulieris son dos impresionantes edificios destinados a viviendas para el segmento de alto poder adquisitivo, emplazados en Puerto Madero. Como toda construcción en esa zona, debe hacerse dentro del marco establecido por la Corporación Puerto Madero, conducida en conjunto por la Nación y la Ciudad. Creaurban también tiene allí otros negocios en sociedad con Nicolás Caputo, el amigo empresario que Macri nombró como asesor y tuvo que renunciar cuando Página/12 reveló que su empresa era contratista del Estado.
La Corporación Puerto Madero está bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Ese funcionario de Macri, como tantos otros, trabajó para Socma hasta que el heredero de Franco decidió incursionar en la política: fue gerente de Sideco. De Chain depende también el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, financista –a través de la operatoria “Vivienda porteña”– en la comercialización de las 160 viviendas del complejo Las Fresias II, desarrollado por Creaurban en Villa del Parque.
Los vínculos de los actuales funcionarios porteños con las compañías de la familia Macri están bajo la lupa de varios legisladores. Por caso, Gabriela Cerruti armó un equipo para que investigue la nómina de accionistas de las empresas contratistas de la Ciudad. En ese marco, la ex ministra de Derechos Humanos y Sociales local –vinculada ahora como legisladora al kirchnerismo– presentó esta misma semana junto al vicepresidente del bloque K, Pablo Failde, un proyecto de Ley de Etica Pública para imponer restricciones en los casos de conflictos de intereses. También el ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, está siguiendo desde la Legislatura los pasos de aquellos funcionarios que pasaron por el grupo Socma.
Similar a la de Chain es la situación del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, aunque en su caso no fue gerente sino justamente director de Iecsa y vicepresidente de Creaurban, cargo que también ocupó en Sideco. No se trata de una diferencia menor: la ley de sociedades anónimas exige para los miembros del directorio de las empresas ser accionistas de las mismas. Lo que se preguntan los legisladores es por qué si Grindetti tuvo en su momento acciones de Socma, se habría desprendido de ellas. La respuesta hay que buscarla en su declaración jurada y si la tuviera, estaría incurriendo en la incompatibilidad que la Constitución establece para los ministros.
Clusellas no podría haber firmado tampoco como síndico el balance 2006 de Creaurban sin ser accionista de esa empresa. El secretario Legal y Técnico también está ligado a otras once empresas, siete de ellas creadas en los últimos tiempos. Lo suyo no es incompatible porque no tiene rango de ministro, pero puede cuestionarse desde el punto de vista ético.
El interés de los legisladores de la oposición en determinar si hay colaboradores de Macri de los dos lados del mostrador está dado en función de la magnitud de los negocios que Iecsa y Creaurban tienen en la Ciudad. El más jugoso es la construcción de dos canales aliviadores en el arroyo Maldonado. Iecsa se asoció para su realización a la italiana Ghella y ganó la licitación con una oferta de 150 millones de dólares contra los 210 y 280 millones que ofertaron sus competidores. Después de las últimas inundaciones, Macri dijo que la obra costaría 200 millones de dólares. La firma de los ajustes por mayores costos la tiene Grindetti, quien fue directivo de la empresa.
Iecsa también tiene a su cargo la construcción de dos pasos bajo nivel del ferrocarril Urquiza: los de la avenida San Martín en su cruce con Mosconi y Punta Arenas. Son obras acordadas en unos 26 y 22 millones de pesos, respectivamente.
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