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La puerta comienza a cerrarse sobre los trabajadores despedidos por Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Apelaciones porteña revocó el fallo de la jueza Elena Liberatori, quien a mediados de enero ordenó la reincorporación de los 2400 contratados que habían sido cesanteados. En un fallo dividido, el tribunal le dio la razón al jefe de Gobierno. La sentencia nada dice acerca de si quienes se presentaron a trabajar durante más de dos meses cobrarán o no sus haberes.
La jueza Liberatori había concedido, el 16 de enero último, la medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en contra del despido de 2400 contratados. La magistrada entendió que el gobierno no les había dado la oportunidad a esos trabajadores de ser relevados por el censo –que se inició a principios de marzo– a todo el personal municipal, tanto de planta como los contratados no despedidos, y demostrar de esa manera que cumplían funciones de relevancia en la administración porteña.
Un argumento similar al de la jueza esgrimió el camarista Horacio Corti, quien votó en disidencia. Los otros dos, Esteban Centanaro y Carlos Balbín, le dieron al razón a Macri. Por lo tanto, para los trabajadores que habían vuelto a ocupar sus puestos la situación se retrotrae a la primera semana de enero, cuando sus contratos, finalizados el 31 de diciembre de 2007, no fueron renovados.
Es cierto que muchos de los cesanteados no volvieron a sus puestos. “Se reincorporó la mayoría, unos 1500 trabajadores”, evaluó Rodolfo Arrechea, dirigente de ATE. El resto habría optado por no dar la pelea por los puestos perdidos.
El gremio realizará hoy un plenario para resolver los pasos a seguir. Por lo pronto, el abogado Carlos Zamboni, uno de los asesores legales de ATE, adelantó que una de las estrategias a seguir será “la presentación de amparos individuales por parte de los afectados, ante los jueces de primera instancia, según se desprende del voto de uno de los camaristas”. En efecto, Carlos Balbín, quien se pronunció en contra de la medida de Liberatori, aclaró sin embargo que “cabe que el juez de primera instancia otorgue tutela cautelar con alcance singular, a solicitud de parte”. Es decir que consideró que los despidos deberían analizarse caso por caso.
Zamboni explicó que estudiará la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, reclamando la “inconstitucionalidad” de las cesantías, ya que “se vulnera el artículo 14 bis de la Constitución nacional”.
El fallo fue firmado por los camaristas el último día hábil antes de Semana Santa, el 19 de marzo, pero recién se conoció ayer, con su publicación en la página de la Justicia porteña, aunque las partes aún no habían sido notificadas. La definición es sobre la medida cautelar, pero no sobre el fondo, es decir, la legalidad o no de las cesantías dispuestas por el gobierno de Mauricio Macri.
Esa resolución no estará ya en manos de Elena Liberatori, quien actuó como jueza durante la feria de enero: todavía está en discusión la competencia de la causa entre tres jueces: Roberto Gallardo, Guillermo Treacy y Osvaldo Othegy. La causa se unificará con la demanda que, en el mismo sentido, presentó el Sutecba, el gremio mayoritario entre los municipales porteños.
La misma Cámara había revocado semanas atrás otra resolución de la jueza Liberatori, quien había suspendido la intervención a la obra social de los municipales. De esa manera, lo que Mauricio Macri perdió en las primeras escaramuzas lo recuperó ahora en una instancia superior. Pero la batalla no terminó.
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