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El horizonte de Rodolfo Eduardo Almirón, el ex jefe operativo de la Triple A extraditado la semana pasada, se parece cada vez más a las paredes del penal de Marcos Paz. Según un nuevo estudio forense al que fue sometido el jueves, el ex subcomisario no estaría ni loco ni desmemoriado. O al menos se encontraría en condiciones de enfrentar la indagatoria del juez Norberto Oyarbide, que le imputa haber participado en diez homicidios cometidos por la banda terrorista que operó, bajo el liderazgo de José López Rega, durante le gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Almirón llegó a la Argentina la semana pasada y de inmediato fue examinado por el Cuerpo Médico Forense que, en su primer parte, concluyó que no estaba en condiciones de declarar. El informe hablaba de un déficit psíquico global y daba cuenta de la existencia de las secuelas de antiguos infartos y otros males cardíacos. Pero los propios peritos decían que ese resultado inicial podía explicarse por la fatiga del viaje, sumada a sus 72 años. De hecho, aun ese día, nada impidió que le funcionaran los reflejos para contestar a la pregunta que alcanzó a hacerle un periodista. “¿Se arrepiente?”, inquirió el reportero. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió Almirón.
El ex policía estuvo durante todos estos días alojado en el hospital de la cárcel de Marcos Paz. Por recomendación de los forenses, anteayer le hicieron una nueva revisión. Oyarbide todavía no recibió las conclusiones por escrito pero, según pudo saber Página/12, obtuvo un adelanto de las nuevas conclusiones: Almirón podría ser indagado tomando algunos simples recaudos.
La preocupación por constatar el real estado de salud de Almirón respondió, en parte, a que su esposa, Ana María Gil Calvo, había enviado unas cartas alarmantes al juez, a la Cámara Federal y a Aerolíneas Argentinas advirtiendo que su esposo podía morir en el vuelo que lo trasladaría desde España, donde vivía desde 1975, cuando se fue custodiando a López Rega en su huida. La mujer se apoyaba en informes del propio Ministerio del Interior español que incluso ya estaban en poder de Oyarbide y decían que tenía alteraciones de la memoria, desorientación temporal e inestabilidad para caminar.
Cuando tenga el parte forense definitivo en papel, firmado y sellado, Oyarbide definirá qué día le toma indagatoria. Según fuentes judiciales, podría ser la semana próxima. Almirón está acusado de haber integrado una asociación ilícita que mataba, secuestraba y amedrentaba y que desplegó su accionar por lo menos entre 1973 y 1976, aunque tuvo su continuidad después del golpe militar. La denuncia que dio lugar a la causa sobre la Triple A data de 1975. Además de implicar a Almirón, apuntaba entre otros a su suegro el ex comisario Juan Ramón Morales –que falleció el año pasado– y a otro policía, Miguel Angel Rovira, que tiene arresto domiciliario. Los tres habían sido custodios del Brujo López Rega, que murió en 1989, cuando iba rumbo a ser condenado.
Almirón fue hallado en Valencia por una investigación periodística del diario El Mundo a fines de 2006. Eso fue lo que disparó la reapertura de la causa, donde había pedidos de captura pendientes de veintidós años de antigüedad nunca concretados. Para poder avanzar, Oyarbide firmó una resolución en la que decía que los crímenes de la Triple A debían considerarse delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Esa definición fue confirmada por la Cámara Federal antes de la llegada de Almirón. Ahora España debe definir si extradita o no a Isabel Perón, a quien el juez atribuyó por acción u omisión una “colaboración esencial” con los crímenes de la Triple A.
Por ahora el expediente abarca los asesinatos cometidos en 1974 del diputado Rodolfo Ortega Peña, de Pablo Laguzzi (un bebé de cinco meses, hijo del entonces decano de la Facultad de Derecho de la UBA), del abogado Alfredo Curutchet, del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, de Silvio Frondizi (hermano del ex presidente) y su yerno Luis Mendiburu, del periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, de Daniel Banfi y Luis Latrónica. El juez deberá definir si acepta incluir otros 600 casos que fueron presentados desde que se reabrió la causa.
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