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El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, recibirá hoy a los dirigentes de las cuatro principales entidades del campo para analizar la puesta en práctica del paquete de medidas anunciado por Cristina Fernández de Kirchner durante el lockout agrario. El encuentro fue acordado el viernes pasado, cuando la Presidenta recibió a los ruralistas para dar por iniciada la mesa de diálogo. El Gobierno no informó sobre qué temas van a conversar. “Se trata de hacer eso que dijo la Presidenta el viernes y que todos compartieron, aprovechar una oportunidad formidable que tiene la Argentina en un momento en que el mundo está demandando alimentos”, se limitó a decir ayer el jefe de Gabinete.
Fernández agregó que es necesario “ver la posibilidad de que integremos cadenas que agregan valor a los productos agropecuarios” y consideró que “el caso más claro es el de la carne”. Además, el funcionario volvió a defender las retenciones móviles que motivaron la protesta del campo al afirmar que “parecen ser ingratas cuando los precios suben, pero parecen ser mejores cuando los precios bajan”. “El Estado se asocia a los resultados del productor; esto ha sido reclamado desde siempre y tiene un criterio de equidad infinitamente mayor a las retenciones fijas”, aseguró.
Los dirigentes del campo concurrirán hoy acompañados por técnicos de las distintas entidades –el viernes fueron solos– con la expectativa de que sus reclamos sean tenidos en cuenta por el Gobierno. Los ruralistas saben que las retenciones móviles están fuera de discusión, pero buscarán introducir modificaciones en la “tablita” que establece la progresividad de esa alícuota. Además, van a pedir que los reintegros para los pequeños y medianos productores se desembolsen con la mayor celeridad posible y el menor número de restricciones. En lo que hace a la carne, la leche y el trigo, pedirán un incentivo adicional a nivel de precios y una mayor flexibilización para exportar, ofreciendo a cambio el compromiso de mantener sin cambios el precio de un listado acotado de productos básicos que consumen los sectores populares.
La discusión no será sencilla porque en el Gobierno saben que cuando la estabilidad de los precios depende sólo de la voluntad de los empresarios el plan suele fracasar. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, durante 2005, cuando los distintos eslabones que componen la cadena de la carne se comprometieron una y otra vez a mantener estable el precio de los principales cortes. Durante esos meses se firmaron varios acuerdos que luego no se cumplieron, situación que obligó al Gobierno a cerrar las exportaciones para ponerle freno a la suba.
El objetivo oficial ahora es fortalecer el mecanismo de subsidios y reintegros para compensar las retenciones. En el caso de la leche, planea elevar el precio de corte que reciben las industrias al exportar de 2770 a 3000 dólares. A cambio, le pedirán que mantengan congelado el precio de cinco productos lácteos clave dentro de la canasta básica y le paguen al menos 1,15 pesos a los tamberos por la materia prima. Cuando llegue el momento de discutir políticas para garantizar el abastecimiento de carne, volverán a desempolvar el Plan Ganadero, que ya se anunció varias veces, se plasmó en una resolución y se le asignó presupuesto, pero que nunca se terminó de implementar.
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