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Desde Madrid
“Soy española.” Con este argumento central en su defensa volvió ayer Isabel Perón a negarse a ser extraditada a la Argentina en su declaración ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que lleva el caso. La Justicia española deberá ahora decidir en los próximos días si finalmente concede la extradición de la ex presidenta, aunque la palabra final la tendrá el Consejo de Ministros. La ex mandataria argentina alegó también su frágil estado de salud, mientras sus abogados defensores hacían hincapié en lo avanzado de su edad. La viuda de Perón tiene 77 años y está aquejada, al parecer, de varias enfermedades de origen nervioso.
Sin embargo, la Isabelita que ayer se bajó del elegante Audi gris frente a la sede de los tribunales madrileños no fue la misma mujer desgarbada y avejentada que el 12 de enero del año pasado acudía a su cita con la Justicia sorprendida y apesadumbrada por la sombra de un pasado oscuro y violento que se resiste a abandonarla. Desde que llegó la orden de detención contra ella dictada por el juez federal Raúl Acosta, en la que se la involucra en la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, de 26 años, desaparecido el 10 de marzo de 1976, días antes del golpe, Isabelita tuvo que habituarse a concurrir a los juzgados cada quince días, ya que le fue concedida la libertad condicional mientras se resuelve su caso gracias a su avanzada edad y a que la Justicia española consideró que no había motivos para temer que huyera.
Días después de la orden de detención dictada por Acosta, llegó también a España una segunda solicitud de extradición dictada por el juez federal Norberto Oyarbide.
Ayer, María Estela Martínez de Perón rechazó por tercera vez consecutiva la extradición y ahora deberá esperar que el tribunal dicte un auto de resolución, probablemente a mediados de la próxima semana, pasándole la papa caliente al nuevo Consejo de Ministros nombrado ayer por José Luis Rodríguez Zapatero. Un indicio de hacia qué posición se está inclinando el gobierno lo dio ayer el fiscal que lleva el caso, Pedro Rubira, que se mostró favorable a la extradición.
A pesar de que la fiscalía es independiente del Ejecutivo, es habitual que en casos de fuerte contenido político sus posiciones reflejen el pensamiento de quien gobierna en La Moncloa. En ambientes judiciales se daba por descontado ayer que si el Tribunal finalmente decide que la Justicia argentina ha presentado un pedido sólido de extradición, la administración Zapatero seguirá el camino que ha venido transitando hasta ahora con la autorización del represor Ricardo Cavallo y del ex Triple A Rodolfo Almirón.
El gobierno socialista considera que Argentina merece un espaldarazo por el esfuerzo que vienen haciendo hasta ahora para sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo.
Isabelita ha pasado todos estos años en la capital española en un discreto barrio de clase media de la periferia, luego de que la Justicia la obligara a vender la residencia de Puerta de Hierro, entregándoles gran parte de los cuatro millones de dólares recaudados a las hermanas y herederas de Evita. Según sus vecinos, no hace mucha vida social y apenas sale de su domicilio.
La viuda de Perón padece síntomas de la enfermedad de Graves–Besedow, una especie de hipertiroidismo que se le manifestó después del robo de las manos del General, en 1987, y que, afirman sus allegados, la afectó profundamente. Además, se encuentra aquejada por profundas depresiones, o al menos eso es lo que intenta demostrar su defensa, que ha presentado a los tribunales españoles documentación médica para evitar que la extraditen.
Más allá de lo que le ha exigido la agenda judicial durante este largo año desde que fuera detenida por primera vez, Isabelita se ha movido con pies de plomo, manteniendo un rígido silencio y tratando, según afirman quienes la conocen bien, de hacer valer sus envejecidas influencias en la península para tratar de lograr que le alivien el trago amargo del regreso al país.
Sus otrora importantes apoyos políticos en España, el entorno familiar del ex dictador Francisco Franco y algunos veteranos jubilados de la derecha, ya poco pueden hacer por ayudarla, a diferencia de lo que ocurrió en el momento en el que el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla decidió dejarla en libertad con la condición de que abandonara el país. Si logra un dictamen favorable la próxima semana será más por la pericia de sus abogados o por su astucia de convencer al tribunal de que está demasiado vieja para enfrentarse al calvario judicial y mediático que previsiblemente le espera si la envían a la Argentina.
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