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¿Qué hará la Cámara de Diputados a partir del fallo de la Corte Suprema? ¿Le tomará juramento a Luis Patti? El diputado Carlos Kunkel (FPV) escuchó esa pregunta (que hoy se hacen todos los lectores de este diario) en un programa televisivo. Y respondió: “De ninguna manera. La Cámara ya se expidió, en uso de sus facultades constitucionales”. Y agregó, socarrón, “además tendríamos que ir a la cárcel...”. Ese último término de la ecuación fue alterado ayer por la Cámara Federal de San Martín. El más importante, el primero, ha quedado envuelto en una madeja jurídica difícil de desovillar.
La Cámara obró en línea con la decisión de la Corte de la semana pasada. Según ambos tribunales, fue inconstitucional que los diputados rechazaran el diploma de Patti. Así las cosas, siguieron los magistrados de San Martín, en virtud del artículo 69 de la Constitución, el apologista de la tortura goza de “inmunidad de arresto” desde el día en que fue electo. Su detención deviene infundada y, por ende, le dan salida al masculino.
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Sin palabras: La decisión de la Corte careció de fundamentación (se remitió al precedente Bussi sin agregar una línea, soslayando que son dos casos diferentes) y tampoco hubo ninguna consideración acerca de las derivaciones legales y de procedimiento ulteriores.
Vaya si eran necesarias. Hay varias cuestiones peliagudas para desentrañar: la más obvia es que Dante Camaño ocupó la susodicha banca del Paufe en reemplazo del policía rechazado. No es bicoca declarar nula su asunción (un acto administrativo) y desplazarlo. Tampoco suena serio agregar un diputado por “arte de jurisprudencia” al número prescripto por la Constitución. El máximo tribunal no estaba forzado a expedirse sobre esos aspectos, pero podía hacerlo en lo que en jerga forense se apoda “obiter dictum”. Se trata de consideraciones que no tienen la fuerza coercitiva de la sentencia pero que, por la autoridad de la que emanan, pueden servir para su interpretación y aplicación. Nuevamente, el sorpresivo laconismo de un tribunal que no suele mezquinar palabras ni reflexiones ahonda el cuadro de incertidumbre.
Patti, valga como nunca la expresión, volverá por sus fueros. Tal vez, en esta encrucijada de su vida, su principal meta ya no es la reivindicación política: es un sospechoso de crímenes graves en pos de un rebusque para intentar zafar.
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Disyuntiva: El juez de primera instancia Alberto Suárez Araujo para seguir adelante con la investigación tiene que conseguir el desafuero de Patti. La información disponible ayer sugiere que ya está preparando el pedido correspondiente.
Por su parte, Patti batirá el parche exigiendo la reincorporación. Ante el regreso del patibulario hijo pródigo, los diputados se disponen a sacarle los fueros. La Corte abrió esa perspectiva, pues su resolución “dejó afuera” todo lo ocurrido tras el rechazo del juramento, incluyendo el avance de los expedientes criminales y los dos procesamientos. Un clásico adagio jurídico reza que “lo que no está en el expediente, no está en el mundo”. Esto es, todos los hechos no concernidos por el pleito son ajenos al alcance de la sentencia. En declaraciones periodísticas (sin valor como acto de Estado pero ilustrativas de su punto de vista) la magistrada Carmen Argibay sugirió ese rumbo.
El camino, pues, será invocar “inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación”, conforme estipula el artículo 66 de la Constitución. Para lograrlo, se exige una mayoría especial, dos tercios de los votos. La duda ante esta situación inédita es si puede votarse el desafuero sin tomarle juramento al susodicho. Para muchos legisladores ese traspié simbólico es indigerible y legalmente superfluo.
El bloque del FPV está preparando un pedido de resolución, con el afán de que sea tratado antes de que llegue el oficio del magistrado Suárez Araujo. La redacción corre por cuenta de la diputada Diana Conti, los oficialistas descuentan que contará con la adhesión de Miguel Bonasso (PRD), primer promotor de la destitución de Patti. Lo que se propondrá para tratar en comisión y luego en plenario es un doble planteo:
a) el rechazo al juramento de Patti implicó su desafuero para los hechos previos (en sustancia, los asesinatos de Pereira Rossi y Cambiasso que se investigan ante los tribunales de San Nicolás,
b) para los hechos sobrevinientes (las investigaciones de los asesinatos de Goncalves y Muñiz Barreto) se propone el desafuero inmediato, sin necesidad de tomarle juramento.
Otras bancadas, en especial la radical, creen que el desafuero sólo puede ser ulterior al juramento.
De cualquier modo, las respuestas están en cocción porque la situación es espinosa y no reconoce precedentes. El caso más semejante ocurrió en esfera provincial y tuvo un desemboque distinto. En 2003, la Legislatura de Tierra del Fuego se negó a tomar juramento al represor Juan Barrionuevo (a) “Jeringa”, que había sido electo diputado. Las razones, similares a las que cargan sobre Patti: su participación en crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto del terrorismo de Estado. Ese acto de higiene republicana quedó firme. Jeringa (hoy difunto) no fue tan buen litigante como su eléctrico colega Patti.
La discusión por venir embroncará a muchas personas de bien, aunque de todos modos expresa el avance del sistema democrático en la Argentina. El caso es novedoso y complejo, habilitará interpretaciones variadas, aun entre quienes piensen parecido respecto del fondo de la cuestión. La búsqueda de la calidad institucional no es lineal ni se descifra como un silogismo de los textos legales.
En ese contexto, valga subrayar que hubiera sido deseable que esta Corte hubiera cooperado a alumbrar el camino con un fallo bien fundado, que estuviera a la altura de su trayectoria. No lo hubo, en mala hora.
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