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Para los dos venezolanos imputados en la causa de la valija de Guido Antonini Wilson, la tercera no fue la vencida. Frente al último faltazo a la indagatoria, la jueza subrogante Marta Novatti les concedió una cuarta (cómoda) oportunidad para el próximo 6 de mayo, pese a que los fiscales María Luz Rivas Diez y Mariano Borinsky le reclamaban que ordenara directamente la captura internacional. Pero éste no es el primer encontronazo que hay entre el juzgado y la fiscalía en las últimas semanas. El expediente está empantanado.
El ex vicepresidente de la petrolera Pdvsa, Diego Uzcátegui Matheus, y su hijo Daniel Uzcátegui Specht están acusados de ser partícipes de lavado de dinero y contrabando agravado en relación al intento de Antonini de ingresar a la Argentina la maleta con 800 mil dólares sin declarar. Según la fiscalía, hicieron las gestiones para que el empresario venezolano subiera en Caracas al avión de Royal Class contratado por Enarsa, del cual bajó con el dinero en el aeroparque Jorge Newbery.
Los Uzcátegui ya faltaron a tres llamados a indagatoria. La última vez argumentaron problemas con el trámite del pasaporte. La jueza les dio 48 horas para probar sus excusas. Al final, aceptó poner el 6 de mayo como nueva fecha cuando el abogado Hugo Pinto le mostró la fotocopia de una reserva aérea que acreditaría que para entonces viajarían desde Venezuela, donde viven. Para los fiscales Rivas Diez y Borinsky, sin embargo, a esa altura ya no debía haber más tolerancia y había que ordenar sin más la captura. Pero la decisión de Su Señoría no era apelable.
El enfrentamiento de los fiscales con la jueza Novatti venía ganando temperatura desde unos días antes, cuando le presentaron por escrito una lista de reclamos –que no tuvieron respuesta–, entre ellos que concretara de una buena vez no sólo la interrogatorio de los venezolanos, sino del ex funcionario Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi).
Uberti se encargaba de la relación con Venezuela en materia de negocios petroleros y era uno de los pasajeros del avión que trajo a Antonini. Aunque a criterio de la fiscalía no era un pasajero más, sino el que hizo que abordaran el jet privado tanto Antonini como Uzcátegui hijo. Los arreglos para eso se habrían plasmado en un almuerzo en Caracas el día previo a la partida. El dictamen que pide la indagatoria precisa incluso que Uberti habló por teléfono con el “valijero” todos los días que duró su estadía en Buenos Aires tras la incautación de los 800 mil dólares, que incluyó su vista a la Casa Rosada.
El juzgado nunca concretó la citación de Uberti como sospechoso, pedida por la fiscalía el 6 de febrero. La dejó, en cierta medida, supeditada a lo que declaren los Uzcátegui, beneficiados con sucesivas prórrogas. Un nuevo episodio terminó de tensar la cuerda esta semana: la postergación de una audiencia por la recusación de Uberti contra Rivas Diez, a quien acusa de haberle negado acceso al expediente. El propio denunciante pidió la suspensión de la reunión alegando problemas de salud. Y la jueza lo admitió. Rivas Diez y Borinsky le mandaron una nota en duros términos advirtiéndole que no puede haber más dilaciones y que en este caso la presencia del abogado del ex funcionario era suficiente.
Para Rivas Diez, también cuestionada por Uberti ante la Procuración, es fundamental que se resuelvan los planteos para trabajar sin dificultades. La nueva audiencia fue convocada para el 24 de abril. En rigor, la causa de Antonini nunca tuvo un juez estable, porque el juzgado estaba vacante. Recién el martes próximo jurará quien será su titular definitivo, Daniel Petrone. Todas las grandes decisiones alrededor de la valija quedarán en sus manos.
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