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La presencia de Alfredo Fanchiotti en los tribunales federales de Retiro apuntaría a esclarecer las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, pero es muy probable que sólo signifique un paseo para el ex comisario que fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El fiscal federal Miguel Osorio lo convocó para que hoy declare como testigo respecto de las órdenes que recibió aquel 26 de junio de 2002, cuando encabezó la represión del corte del Puente Pueyrredón. Aunque será interrogado bajo juramento, puede negarse a responder aquello que pueda incriminarlo.
“Va a depender mucho de su propia voluntad de colaborar”, confió a Página/12 una fuente del caso, pero son bajas las probabilidades de que su testimonio signifique un vuelco en la investigación. Durante el juicio oral sobre las responsabilidades materiales de la masacre, Fanchiotti no salió de su libreto de negar todo lo que se le imputó, y jamás hizo mención alguna a las órdenes provenientes del poder político. En cambio, el cabo Alejandro Acosta, que era su chofer, declaró que esa misma mañana se presentaron ante su jefe agentes de la SIDE y que los conocía porque eran los mismos que aparecían cuando había cortes en el puente.
Fanchiotti, ex comisario de la primera de Avellaneda, será trasladado desde la Unidad 42 de Florencio Varela, cárcel en la que quedó alojado luego de que trascendiera que el 30 de enero salió sin autorización judicial de la Unidad 25 de Olmos, la cárcel evangelista. Además de la condena por Kosteki y Santillán que ya está cumpliendo, el fiscal federal Marcelo Martini lo acusó de falso testimonio por haber falseado los hechos cuando lo interrogó, y pidió que sea juzgado en proceso oral y público.
Según los familiares de los piqueteros asesinados, los “otros” responsables de la masacre son el ex presidente Eduardo Duhalde y sus ex funcionarios Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasoff, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Felipe Solá, Luis Genoud e incluso Aníbal Fernández. Los colaboradores de Osorio terminaron un peritaje, ordenado a la Gendarmería, en el que cruzaron 200 mil llamadas telefónicas realizadas entre los sospechosos durante 2002, de las cuales el fiscal tiene identificadas unas 80 como “interesantes” y le preguntará al ex comisario con quiénes conversó y sobre qué. Osorio quiere establecer si en los preparativos de aquel operativo los actores políticos dieron directivas que determinaron la actuación del ex comisario. Los abogados querellantes, que representan a los familiares de Kosteki y Santillán y a los centenares de heridos de la represión, pueden participar del interrogatorio.
El fiscal está lejos de tener elementos de prueba para imputar responsabilidades penales. Sí hay indicios concretos de que aquel gobierno planeó reprimir ese día con especial contundencia. Durante el juicio oral, el ex secretario de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero declaró que Atanasoff, ex jefe de Gabinete, había dicho esa semana que los cortes a los accesos a Capital eran “una declaración de guerra”. Según Cafiero, en esos días los políticos echaron “nafta al fuego”. Con el conocimiento que le dio su trato con la Policía Bonaerense, la definió como “perros de presa” a los que si se les suelta la correa, atacan. Y según su punto de vista, el 26 de junio habían sido dejados sueltos. Cuando declaró Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa, explicó que había un gabinete específico para los conflictos sociales, que él no integraba pero sí Alvarez y Vanossi, ex secretario de Seguridad y ex ministro de Justicia, respectivamente. Y cuando fue su turno de hablar ante el tribunal oral, el ex jefe de la SIDE Carlos Soria reivindicó el informe en el que mencionaba a sectores piqueteros que nunca se habían juntado como protagonistas de un plan para poner en jaque al Estado.
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