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El juez Marcelo Aguinsky resumió así, delante de los dirigentes del campo y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, lo que esperaba de la reunión. “Miren –dijo– cuando se estudia la Torá, las sagradas escrituras, los discípulos le suelen preguntar al rabino: ¿Por qué se conmemora la destrucción del Templo de Jerusalem una semana antes de la verdadera destrucción? ¿Es un error histórico? ¿Se equivocaron en la fecha? Y el rabino contesta: una semana antes ya se sabía que iban a destruir el Templo y no hicieron nada. Por eso, la destrucción empezó ahí, una semana antes. La idea de esta reunión entre ustedes es hacer algo antes, no dejar que las cosas lleguen a la destrucción.” El encuentro fue largo, educado y muy tenso. Tuvo picos de efervescencia, como cuando, por ejemplo, Moreno miró fijo a uno de los abogados que acompañaban a los dirigentes del campo y le dijo: “Usted fue abogado de Videla”. “No es cierto –le contestó el letrado–, pero no hubiera tenido ningún problema.” Al terminar la reunión, después de un cuarto intermedio, los ruralistas decidieron no firmar nada. Se comprometieron a no de-sabastecer, pero sin rubricar ningún documento. Aguinsky argumentó: “Un pagaré se paga cuando tiene firma”. Pero no hubo caso. “Tiene nuestro compromiso, nuestra palabra y se lo diremos a los medios ni bien salgamos”, concluyeron los dirigentes del campo. Cuando todos se dirigían a la puerta, el áspero Moreno acotó: “Estuvo bueno eso del rabino”.
El cara a cara de Luciano Miguens (Sociedad Rural), Mario Llambías (CRA), Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Fernando Gioino (Coninagro) fue accidentado de entrada. En los tribunales de Avenida de los Inmigrantes hubo un corte de luz a raíz del incendio que se produjo en la cercana Villa 31. Eso llevó al magistrado a conseguirse una vieja máquina de escribir Lexicon 80 para preparar las actas. Y, además, hubo que cambiar de escenario. El despacho de Aguinsky sólo tiene una ventana chica y se buscó una oficina de ochava, con dos ventanas, que permitieran un mínimo de entrada de luz. En una mesa había café, mate cocido y unas galletitas que –tal vez en la única coincidencia plena de la mañana–todos evaluaron como “más que duras”.
Los protagonistas de la reunión, las cuatro organizaciones del campo y la Secretaría de Comercio, concurrieron con dos abogados cada uno, lo que da muestras de la desconfianza recíproca. Además, estaba el fiscal Emilio Guerberoff.
Según relató a este diario uno de los asistentes, el juez abrió la reunión señalando que todas las partes fueron convocadas a raíz de la existencia de un expediente en el que se denuncia desabastecimiento. “Como la medida de fuerza del campo no terminó –explicó el magistrado–, sino que está suspendida y podría reiniciarse, tenemos la idea de evitar hechos disvaliosos, no queridos por la Ley de Abastecimiento. Se los quiero comunicar y les agradezco que se hayan hecho presentes.” Ahí fue cuando relató lo de las escrituras, el rabino y el Templo de Jerusalén. De uno y otro lado de la mesa hubo gestos de asentimiento, o sea que estaba instalada la idea de acordar el libre transporte y la provisión de alimentos.
El ejemplo que planteó Aguinsky estuvo basado en el suministro de leche. El magistrado le pidió al ministro porteño de Seguridad y Justicia, el macrista Guillermo Montenegro, un informe sobre las necesidades de leche de la Capital Federal. En el texto de seis páginas que envió Montenegro se concluye que para la alimentación de una persona se requieren dos tazas, tamaño desayuno, de leche líquida, mientras que los niños y las embarazadas requieren de tres tazas. Sobre esa base, el cálculo es que se requiere un mínimo de 1.321.000 litros de leche diariamente en la Capital Federal. Esa cifra debía ser respetada.
Fue la parte más distendida de la reunión porque los ruralistas bromearon: “siempre se habla de lo que necesitan los porteños, doctor”. Aguinsky advirtió que tomó el ejemplo de la Capital porque está claro que es una ciudad en la que no se produce leche ni hay vaca alguna, pero insistió en que, proporcionalmente, esas cifras eran las que debían proveerse a cada localidad en función del tamaño.
Moreno se mantuvo en sus trece. Durante toda la reunión sostuvo que los cortes de ruta y la interrupción de la circulación de alimentos eran producto de una organización ilegal: “esa actividad es ilícita –sintetizó–y yo ya estoy trabajando en los sumarios correspondientes”. La Secretaría de Comercio es la autoridad de aplicación de la Ley de Abastecimiento y es el organismo que impone sanciones, como podrían ser las multas, pero también puede recomendar penas de prisión. Esto último requiere de la intervención de un juez y quién está a cargo del expediente es, justamente, Aguinsky.
El intercambio fue duro, pero no beligerante. Los ruralistas no aseguraron que van a volver al paro, aunque siempre se lo mencionó como una posibilidad. No hubo tampoco pedidos o exigencias a Moreno. Nadie quiso aparecer rupturista y Buzzi, de la Federación Agraria, afirmó que el encuentro, con un juez delante, “es un avance en la calidad institucional”. “Estamos siempre dentro de la Constitución”, “nuestra apuesta es al diálogo”, dijeron respectivamente Luciano Miguens y Mario Llambías, de la Sociedad Rural y CRA. Lo cierto es que a la hora de firmar un acuerdo para asegurar el abastecimiento, los ruralistas se negaron.
–Nosotros asumimos públicamente el compromiso de garantizar el libre transporte de alimentos –coincidieron en afirmar los hombres del campo.
–Sí, pero eso es como decirlo en un estudio de televisión. Lo necesario es que se haga ante un juez. Además, un pagaré, para ser cobrado, tiene que estar firmado –insistió Aguinsky.
–No queremos firmar nada y, por otra parte, para eso tenemos que tener un acuerdo pleno entre las cuatro entidades del campo.
En la puerta de los tribunales de Avenida de los Inmigrantes, los ruralistas hicieron conocer el compromiso que adquirieron, pero dejaron en claro que no firmaron nada. Bu-zzi afirmó: “fue una buena audiencia, que agrega calidad institucional. Siempre hemos actuado bajo las normas constitucionales y bajo la ley, no hemos violentado ninguna ley y la expresión es que seguiremos bajo las mismas normas institucionales y bajo las mismas leyes”. Por su parte, Luciano Miguens redondeó: “hemos instado varias veces en estos días difíciles que vivimos en cuanto a que el desabastecimiento no era bueno, eso es lo que seguiremos haciendo”.
El Mercado de Liniers registró ayer el ingreso de 11.349 cabezas de ganado para la venta, una oferta importante para el segundo día de operaciones de la semana. Según la Oficina Nacional de Comercio y Control Agropecuario, el precio promedio de comercialización del ganado en pie fue de 3,02 pesos. Frente a la normalización del mercado interno, las carnicerías de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires comercializaban ayer cortes populares en base a los valores pactados por el Gobierno y los frigoríficos. El asado de ternera se vendía aproximadamente a 10 pesos el kilo; la carnaza común a 7,09 y el kilo de roast beef a 9,45. En el rubro novillito, el asado se ofrecía a 8,45 el kilo, mientras que para la carne de novillo ese corte se ubicó en 7,28. Los exportadores continúan aguardando la apertura de los mercados extranjeros, cerrados a causa de la falta de carne producto del lockout de las entidades agropecuarias durante 21 días. Todavía quedan pendientes 6000 toneladas de la Cuota Hilton para enviar a Europa.
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