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La Cámara Federal revocó el procesamiento de Fernando de la Rúa en la causa en la que se investigan las muertes por la represión del 20 de diciembre de 2001. El tribunal de apelaciones benefició al ex presidente con la falta de mérito, tras señalar que el juez Claudio Bonadío no investigó lo suficiente para sostener la acusación en su contra por los cinco homicidios y las lesiones que sufrieron 117 personas en las manifestaciones realizadas en las horas previas a su renuncia.
Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun sostuvieron que el juez en los últimos cuatro años no avanzó en la incriminación del ex presidente, ni modificó “siquiera mínimamente” el conjunto de pruebas reunidas en su contra.
Con la resolución de ayer, De la Rúa quedó alejado de la posibilidad de ser enviado a juicio oral por el caso, como sí ocurrirá con funcionarios de su gobierno como el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y los comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, con respecto a quienes quedó abierto el camino hacia el proceso oral con el rechazo de un pedido de nulidad que habían presentado sus defensores. Mathov habría sido quien ordenó al jefe de la Federal mantener la Plaza de Mayo despejada e impedir las protestas; Santos quien dio las instrucciones generales del operativo, y los dos comisarios quienes se encargaron de dirigirlo desde la Sala de Situación de la fuerza.
Los camaristas resaltaron que el único elemento que a su criterio podía comprometer a De la Rúa judicialmente no fue investigado. Se trata de datos aportados por los ex diputados Marcela Bordenave, Luis Zamora y José Roselli. Ellos declararon que el 20 de diciembre el entonces subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Lautaro García Batallán, les dijo que en la mañana de ese día había participado de una reunión en la quinta de Olivos con el presidente, el ministro del Interior Ramón Mestre y el secretario de Seguridad Mathov, en la que los funcionarios habían tomado la decisión de reprimir las manifestaciones, en un cálculo de que así podrían retener el poder. El gobierno de De la Rúa tenía negociaciones abiertas con el PJ para formar un “gabinete de unidad”, y el razonamiento fue que si controlaban las manifestaciones retendrían alguna chance de negociar con el justicialismo.
“Esta era la línea de investigación que se imponía profundizar para determinar responsabilidades exclusivamente de índole penal, y esa tarea nunca se encaró”, criticó la Cámara. Los magistrados insistieron en que el juez debe “comprobar o descartar la existencia de aquella reunión o las actividades puntuales a las que el 20 de diciembre de 2001 se abocó el entorno presidencial”.
Tras conocer la decisión judicial el abogado de la querella Rodolfo Yanzón sostuvo que la dilación y la deficiente investigación “han impedido, en gran medida, las posibilidades de hacer justicia”.
Los camaristas también dejaron sin efecto los procesamientos de los policías Próspero Trezeguet, René Derecho, Daniel Mancini, Alfredo Salomone y Osvaldo Cannizzaro.
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