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El comienzo de varias de las nuevas jefaturas territoriales del conurbano bonaerense fue duro, y no concluye. El insólito incendio a un camión municipal de Esteban Echeverría durante una huelga de recolectores de basura pareció esconder en ese momento una batalla por el control territorial entre nuevos y viejos caciques políticos. Pero las renegociaciones de los contratos para la recolección de la basura que se abren camino en la provincia, las pujas por aumentos en los costos operativos de las empresas, el incremento de los sueldos de los camioneros y una situación de ahogo financiero en las comunas parecen explicar ahora aquella situación. Una decena de intendentes del conurbano consultados por Página/12 revelaron detalles de esa situación, detrás de la cual abren espacios de consenso para perdirle al gobierno nacional una reducción del IVA, por lo menos en los millonarios contratos de basura.
¡Esto no es para ustedes!”, escuchó la muchachada de empleados municipales mientras les carbonizaban un camión. Ellos mitigaban los efectos de la huelga de recolectores, con un servicio de emergencia que le costó caro al nuevo intendente.
Fernando Grey apenas había asumido la jefatura de la comuna cuando aquello empezó. Heredó el municipio con ocho millones de pesos adeudados con las empresas de residuos y las finanzas en rojo. En ese momento, palió el problema con un auxilio extraordinario del jefe de Gabinete de la provincia, Alberto Pérez, pero la crisis no se acabó. La comuna de Esteban Echeverría le pagaba sus servicios a Covelia SA por un valor de 1.600.000 pesos, pero antes de irse el viejo intendente había pasado el contrato de 1.600.000 a 2, una cifra millonaria.
Cuando Grey decidió volver a bajar el canon, el conflicto estalló. Ahora la comuna paga 1.800.000, pero acaba de iniciar un proceso de licitación bajo el asesoramiento de Poder Ciudadano para conseguir no sólo transparencia en el proceso, sino bajar el piso del pago a 1.600.000 permitiendo la participación de empresas internacionales.
La recolección de residuos es quizá uno de los principales temas de la agenda política del conurbano. Los contratos representan el costo más alto de la mayor parte de los municipios. En promedio, esos servicios se llevan nada menos que entre un 19 a un 25 por ciento del presupuesto, y en algunos casos como Tres de Febrero el índice alcanza hasta el 33 por ciento. Los intendentes saben además que ése no es el único problema: la basura es un tema sensible, especialmente irritante entre los sectores medios urbanos.
“Si yo dejo que los camioneros me hagan un paro, no digo los municipales: ¡en tres días a mí los que me dejan afuera de la comuna son los vecinos!”, dice irónicamente Darío Díaz Pérez, el nuevo jefe comunal de Lanús.
En este momento, una alta proporción de las intendencias del conurbano están concluyendo sus contratos de basura o a punto de volver a llamar a una licitación. Francisco Suárez, antropólogo de la Universidad Nacional General de Sarmiento, investigador y especialista en la materia, sintetiza parte de los conflictos que hay detrás: “El mundo de la basura tiene distintos actores en pugna –dice–: los intendentes, las empresas y el gremio de los camioneros como los puntos claves del sistema, y el Ceamse. Cada uno juega su juego”.
Ese juego atraviesa momentos claves. Hay municipios que ahora renegocian sus contratos vencidos, como Esteban Echeverría o Tres de Febrero. Y otros que se preparan para la licitación, como Lanús, cuyo contrato vence en octubre o Quilmes, cuyo intendente en alguna ocasión dijo en voz alta que le gustaría volver a la administración municipal. En otras zonas, los contratos, en cambio, están cerrados o ya fueron adjudicados, como Merlo o Tigre, donde el gobierno anterior le dejó a Sergio Mazza una licitación cerrada hasta 2013.
Unos y otros casos son distintos, sin embargo las colisiones se repiten. En todos lados, los intendentes nuevos y viejos se quejan de lo mismo: el monto exorbitante de los precios.
Una experiencia paradigmática de los últimos meses fue la de Tres de Febrero. El metalúrgico Hugo Curto convocó a una licitación pública por tres millones de pesos de piso. Hasta ahora, su comuna les pagaba a las empresas el precio del uno a uno: 800 mil dólares al mes, es decir 2.440.000 pesos. En la licitación mejoró los precios pero no lo suficiente: ninguna de las empresas que se presentó al concurso pidió menos o igual a ese monto, y Curto declaró desierta la licitación.
“¡Somos rehenes de las empresas!”, dijo en su momento. “¿Usted no sabe que acá y en todos lados siempre se presentan los mismos: van a un distrito y acompañan a una, después van a otro y acompañan a otra.”
Para cuidarse, el veterano mandatario le mandó todo al Tribunal de Cuentas bonaerense, que finalmente le devolvió los contratos y lo autorizó a hacer una ahora cuestionada contratación directa.
Más allá de las empresas, las nuevas negociaciones parecen revelar en realidad una situación de mayor vulnerabilidad financiera. O para decirlo con las palabras de varios de los jefes comunales, “ahogo financiero”. Para muchas de esas comunas, cualquier partida extra en este momento se hace insoportable y encuentran nuevos gastos detrás de los números de la inflación.
Martín Sabbatella es un caso. Su comuna licitó la recolección de basura por primera vez hace ocho años, luego volvió a licitarla y no deberá volver a hacerlo hasta dentro de varios años. Su contrato lo obliga, sin embargo, a sentarse con las proveedoras de servicio cada vez que los números de la economía muestran un aumento de cinco por ciento en dos rubros: sueldos y costos operativos.
“Este año modificamos la tasa; eso nos permitió compensar algo del gasto del año anterior, pero no el gasto de este año”, dice Daniel Guillermo Larrache, secretario de Planificación Estratégica e Infraestructura Urbana de Morón. “Los municipios estamos limitados porque cobramos de acuerdo con una tasa que es fija y no por actividad económica: eso es lo que ahora produce un ahogo financiero.”
Para intentar modificar los parámetros, pagar el aumento del servicio de las empresas de basura o de cualquier otro servicio, algunas de las comunas ensayan alternativas. Una de ellas es un intento de trasladar el aumento de sus costos al presupuesto provincial o nacional. Para eso piden subsidios como los que tienen los servicios de ferrocarril o el transporte. Y además exigen la reducción del IVA. Así se lo plantearon varios intendentes de la Primera y Tercera sección en una reunión con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Aunque son dos tipos de soluciones históricamente reclamadas en sus distritos, esta vez el pedido parece seguir la lógica del reclamo de redistribución de la coparticipación que emanó de los gobernadores de distintas provincias durante el último conflicto del campo.
“Todos los municipios pagamos IVA como si fuéramos una empresa privada”, agrega Larrache que no estuvo en el encuentro. “Pagamos el 21 por ciento de todo, pero en este caso estamos diciendo que es el Estado que le paga un impuesto al Estado y que sería un desahogo importante no tener que pagar el IVA: en nuestro caso ahorraríamos cinco millones de pesos al año.”
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