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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para crear un Fondo de Recompensas que “incentive” el aporte de datos para la captura de los represores prófugos en causas por violaciones a los derechos humanos. La iniciativa apunta a quebrar el silencio y la complicidad con los genocidas. La propuesta del Ejecutivo también crea en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad una “unidad especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia”, que coordinará con los fiscales de todas las jurisdicciones la “estrategia” para atrapar a los prófugos y colaborará con los otros poderes del Estado en la protección de los informantes. Los legisladores también respaldaron una serie de proyectos que modifican aspectos del Código Procesal Penal para agilizar las causas por delitos de lesa humanidad.
“Es un paquete de medidas, que cuenta con el respaldo de la totalidad de los organismos de derechos humanos históricos de la Argentina. Hay 53 prófugos del aparato represivo y estas medidas van desde la ubicación de estos criminales hasta terminar con los caminos de obstrucción de justicia, con la absoluta garantía del derecho a defensa. Si no, a todos estos genocidas se los va a condenar post mortem”, dijo el diputado kirchnerista Remo Carlotto.
El Fondo de Recompensas se encargará de abonar un monto a determinar a aquellas personas que aporten “informes, testimonios, documentación o cualquier otra referencia fehaciente” –que incluye a ex funcionarios y ex miembros de las fuerzas de seguridad– que permitan ubicar y capturar a los prófugos de causas penales por delitos de lesa humanidad. También contará con un aporte especial de 5 millones de pesos hasta que se le asigne una partida presupuestaria. En tanto, la Unidad Especial coordinará la actividad con los fiscales de todas las jurisdicciones, recabará información de organismos oficiales y privados y colaborará con el resto de los poderes del Estado en la protección de los informantes; y contará con un aporte inicial de 2 millones para empezar a funcionar.
Los otros cuatro proyectos impulsados por el Gobierno también apuntan a agilizar las causas penales por delitos de lesa humanidad. Uno de ellos modifica el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN) para establecer que la “existencia de recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema no impedirá la elevación a juicio de las actuaciones”. Otro modifica el trámite del recurso de apelación del CPPN para “evitar que la demora en su resolución prolongue innecesariamente la etapa de instrucción”, agilizando también la elevación a la etapa oral. Se crea la nueva Cámara Nacional de Casación en los Criminal y Correccional de la Capital Federal, que desdoblará las tareas de la actual Cámara Federal de Casación Penal. El último establece un mecanismo para la designación de los integrantes de los tribunales orales federales de todo el país para “reemplazar la licencia, suspensión, recusación o vacancia de algunos de sus miembros”.
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